La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre la intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), el cual es administrado por una empresa que no paga ningún centavo al Estado desde 2015.
Por medio de un comunicado, la entidad dio a conocer el cumplimiento de una resolución judicial que ha permitido empezar a recuperar el citado espacio, que está ocupado por la firma Constructores y Consultores Viales, S. A. (COCVISA).
Esta cobra a los usuarios por estacionarse en el sitio, sin que el AILA o Aeronáutica Civil reciban ningún beneficio, lo cual ha ocurrido desde hace por lo menos una década, tiempo en el cual ha acumulado una deuda que supera los Q30 millones.
El caso ya había sido advertido por La Hora y se dio a conocer en octubre pasado, en el artículo Aeropuerto La Aurora suma otro caso en el que empresa lucra con su espacio, pero no le paga por la renta.
¿QUÉ IMPLICA LA INTERVENCIÓN?
De acuerdo con Aeronáutica, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil emitió una resolución favorable, tras una demanda que se inició en 2022 contra COCVISA. Producto del proceso, se designó a un ministro ejecutor y se notificó a la empresa sobre la intervención del lugar.
Esto tiene como objetivo fiscalizar los ingresos que ha recibido la firma por la administración del parqueo y garantizar los pagos que tiene pendientes a favor de la DGAC. Además, «se revisarán los subarrendamientos ilegales de cajeros, comercios, bodegas y locales comerciales instalados sin autorización», reza el pronunciamiento oficial.
Como parte de las anomalías denunciadas en su momento, trascendió que la empresa buscaba aumentar el precio por estacionamiento, entre otras decisiones que tomaba de manera unilateral.
EMPIEZA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
Por el momento, no hay una sentencia que indique que COCVISA debe desocupar la zona que tiene ocupada; sin embargo, con la intervención «se detiene temporalmente el lucro de una entidad privada que utilizaba los recursos públicos, incluyendo el consumo de energía eléctrica del aeropuerto sin pago alguno», afirmó Aeronáutica.
El ente dio a conocer que esto se mantendrá hasta que se dicte la sentencia respectiva y se pueda «recuperar el bien inmueble propiedad del Estado». Entretanto, -aseguraron las autoridades- «el parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora seguirá funcionando para garantizar el servicio a nuestros usuarios».
RESPALDAN ACCIONES LEGALES
Fernando Suriano, viceministro de Transportes, destacó la importancia de las mencionadas acciones y aseguró su respaldo a las medidas legales adoptadas por Aeronáutica para regular el funcionamiento del AILA.
«Agradezco la labor de las autoridades y reitero nuestro compromiso con la recuperación de los bienes del Estado», dijo, y añadió que se desarrollan diversas labores para «fortalecer la institucionalidad y la transparencia» en esa gestión.
Hasta ahora, COCVISA no ha emitido ningún pronunciamiento. La Hora se comunicó al número telefónico que aparece a su nombre en el portal de Guatecompras, y la persona que respondió dijo que trasladaría las consultas sobre el tema. De haber respuesta, se incluirá en este espacio.
EL CASO
En octubre pasado se conoció que Constructores y Consultores Viales, S. A. (COCVISA), recibe dinero por los cientos de vehículos que utilizan a diario los parqueos en el AILA, pero que, desde 2015, no paga un centavo al Estado.
La DGAC informó que, sumado a ello, el año pasado la empresa comenzó a subarrendar un área donde se instaló una heladería, percibiendo ingresos por ese rubro, así como por la instalación de cajeros automáticos.
En ese entonces, también se dio a conocer que la firma se apropió de un sector en el tercer nivel que en el contrato original no se le había otorgado. Como parte de las decisiones unilaterales que se le atribuyen también destaca la adecuación de espacios para que quepa el doble de vehículos y la renta de determinados sitios a vendedores informales para que guarden su mercadería.
Ninguno de los ingresos por esas operaciones llega a Aeronáutica, remarcaron las autoridades, e hicieron ver que el problema data de 2015, cuando la administración de ese entonces dio por terminado el contrato con la empresa, pero esta se negó a desalojar y optó por dejar de pagar por administrar los parqueos.
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