Guatemala afronta un año decisivo para el equilibrio de su sistema de justicia y electoral. La designación del próximo fiscal general, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral pondrá a prueba un modelo de elección que, tras casi cuatro décadas de vigencia, arrastra cuestionamientos por cooptación y reparto de cuotas. En ese contexto, la Misión para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo su segunda visita al país con una advertencia: “Se está jugando la arquitectura institucional”.
El jefe de la delegación, Carlos Ayala Corao, constitucionalista y presidente de la Comisión Internacional de Juristas, observa una sociedad “consciente del momento histórico”, pero también procesos que evidencian tensiones estructurales. Sin descalificar el modelo de comisiones de postulación creado tras la Constitución de 1985, sostiene que ha llegado el momento de evaluarlo a fondo y de reforzar criterios de transparencia, definición de perfiles e integridad en los nombramientos. La misión ha planteado recomendaciones al Congreso y ha cuestionado actuaciones del Ministerio Público que, a su juicio, vulneran estándares internacionales de participación y asociación.
Para Ayala Corao —expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, lo que está en juego no es una disputa técnica ni un pulso coyuntural entre actores políticos. De la independencia de estos órganos dependerán la persecución penal, la protección de derechos fundamentales y la organización de las elecciones de 2027. “No es un debate lejano”, dice. “Afecta la vida diaria de los ciudadanos”.
La Hora: ¿Qué evaluación preliminar tiene la misión sobre esta visita de trabajo a las comisiones de postulación y los procesos en estas elecciones?
Carlos Ayala: En primer lugar, nos ha sorprendido, en el buen sentido, la conciencia que existe en diversos sectores de la sociedad guatemalteca sobre el momento histórico que se está viviendo. Hemos visto que se han postulado personas con distintas trayectorias, calificaciones y orientaciones, y nos parece importante que la sociedad se haya sentido libre de participar.
También percibimos una conciencia clara de que se está jugando la institucionalidad democrática. Tanto en la elección del Tribunal Supremo Electoral como en la de la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General está en juego la arquitectura de la justicia, junto con los tribunales que se eligieron el año pasado.
Sentimos en la sociedad una demanda de renovación y de cambio que debe ser leída por los órganos del poder público y por las instancias encargadas de estos procesos. Vemos con buenos ojos que, hasta ahora, el procedimiento haya avanzado dentro de los plazos previstos.
Más allá de eso, tenemos una serie de observaciones. La evaluación que podemos hacer en este momento se refiere a los procesos concretos que ya se han desarrollado, en los que reiteramos recomendaciones formuladas desde el inicio y que hemos reforzado en esta segunda visita.
¿Considera que el modelo actual guatemalteco garantiza independencia o facilita cooptación?
El modelo es complejo. Se creó después de 1985 con la intención de permitir la participación de diversos sectores de la sociedad, como el universitario y el Colegio de Abogados, y no únicamente de los órganos del poder público. Sin embargo, tras todos estos años de aplicación, es necesario hacer una evaluación de la experiencia, porque en algunos casos ha producido efectos de deformación institucional.
Se nos ha señalado, por ejemplo, la proliferación de universidades privadas, algunas denominadas aquí “de garaje”, que no cuentan con facultades ni alumnado suficientes. Por supuesto, existen universidades muy serias, pero otras no cumplen esas condiciones. La Universidad de San Carlos, como única universidad pública del Estado y con las responsabilidades que se le han asignado, también ha experimentado un alto grado de politización. Tanto los decanos de universidades privadas como el Consejo Superior Universitario, el rector y los decanos asumen funciones públicas que, aunque en principio tuvieron una buena intención, con el paso del tiempo han contribuido a distorsionar instituciones que, en algunos casos, se preparan para ejercer cuotas de poder.
Creo que, una vez concluyan estas designaciones, será necesario dejar reflexiones y recomendaciones para el futuro. A Guatemala le ha llegado el momento de repensar el modelo de estas elecciones de segundo grado y de buscar mecanismos que permitan mayor transparencia, objetividad y una mejor evaluación de los perfiles, junto con más participación.
¿Puede haber fortalecimiento institucional si los procesos de designación están estructuralmente diseñados para la negociación política?
La negociación política, con mayúscula, existe en todas las instancias y en todos los Estados democráticos. No debe demonizarse lo que son los consensos y los acuerdos políticos, siempre que estén fundamentados en la coherencia de los perfiles y en que las personas seleccionadas no solo cumplan los requisitos formales, sino que tengan las condiciones adecuadas para ejercer el cargo.
En ese sentido, los acuerdos políticos orientados a escoger lo que más conviene al país son éticamente válidos.
El problema surge cuando los acuerdos no se basan en la idoneidad o en la búsqueda del mejor candidato, sino en la distribución de cuotas de poder o en el control por parte de determinados grupos. En ese caso, el acuerdo político deja de responder a criterios éticos y vulnera los principios que deben regir la vida democrática.
¿Cómo interpreta la misión el allanamiento realizado por el Ministerio Público en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala?
CA. Desde la perspectiva de los estándares internacionales y del derecho internacional, lo vemos como una intromisión en el derecho de asociación y en el derecho de participación de los agremiados a votar libremente, sin presión.
También observamos efectos sobre la libertad de expresión vinculada a esa participación. Resulta completamente inadecuado, bajo esos estándares, que en un proceso electoral en curso se excluya de manera sobrevenida y abrupta a profesionales que estaban debidamente agremiados y que tenían derecho al voto, retirándoles ese derecho a última hora mediante una medida cautelar. Eso, por sí mismo, ya es grave.
Si a ello se suma una suerte de criminalización del acto de votación a través del allanamiento, estamos ante una vulneración de principios reconocidos en el ámbito internacional. Así lo hemos señalado públicamente, al igual que otros organismos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA. Se trata de una violación del derecho de toda persona a asociarse, participar y votar, derechos que además están reconocidos en la propia Constitución de Guatemala.
Se repite un fenómeno: los mismos perfiles aspiran simultáneamente a cargos como fiscal general, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué lectura hacen de esta recurrencia y qué dice sobre el sistema de selección?
Hay un elemento de fondo: los requisitos formales suelen ser bastante similares para estos altos cargos. Por eso hemos insistido en que, además de verificar los requisitos, debe definirse con claridad el perfil específico de cada puesto. No basta con ser abogado, tener determinada edad y un número mínimo de años de ejercicio profesional para aspirar, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad.
Se trata del tribunal de cierre del ordenamiento jurídico guatemalteco. Sus magistrados deben contar con conocimientos especializados en derecho constitucional, derecho procesal constitucional, jurisdicción constitucional, derecho comparado y derecho internacional de los derechos humanos. Deben comprender los modelos de control constitucional —difuso y concentrado—, los efectos de las sentencias y los límites de la actuación judicial. Eso es parte esencial del Estado de derecho.
Ese perfil es distinto al de un juez de primera instancia o al de un funcionario de un tribunal electoral. Por ello, consideramos que debe afinarse la definición de los perfiles según el cargo.
En el caso del fiscal general, no solo se requieren requisitos formales o la ausencia de irregularidades. El fiscal tiene el monopolio de la acción penal y la responsabilidad de investigar el crimen, lo que incide directamente en la seguridad, la libertad y la propiedad de las personas. Debe contar con altos estándares éticos y un compromiso transversal con los derechos humanos. Ese perfil va más allá de los mínimos establecidos en la Constitución. Puede haber personas idóneas para un cargo que no necesariamente lo sean para otro.
¿Qué señales debería observar la ciudadanía para determinar si el Congreso actuará con criterios técnicos y de idoneidad en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad?
Sostuvimos una reunión muy útil y respetuosa con la directiva del Congreso y los jefes de bancada, en la que abordamos estos aspectos. Les insistimos en la importancia de que, dentro de la responsabilidad que les corresponde en la elección del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, se guíen por criterios de excelencia, pero también de integridad, ética y moral.
Consideramos que una regla fundamental para garantizar el control y la participación ciudadana en la gestión de los representantes es que el proceso se realice con transparencia y publicidad. Por ello formulamos recomendaciones concretas, como la realización de entrevistas públicas a los candidatos, una práctica habitual en varias democracias. Estas entrevistas deben ser pertinentes al cargo que se va a ejercer y permitir que la ciudadanía conozca a los aspirantes y pueda formarse una opinión sobre quiénes tienen los mejores perfiles.
Recibimos una receptividad inicial y nos indicaron que nuestras propuestas serían consideradas. Además, hicimos pública la carta que previamente enviamos al presidente del Congreso, a la directiva y a los jefes de fracción.
Esperamos que en los próximos días algunas de estas recomendaciones sean implementadas. El Congreso enfrenta ahora una alta responsabilidad respecto a una lista de candidatos al Tribunal Supremo Electoral que llegó con información limitada y sin explicaciones claras sobre los criterios de inclusión o exclusión. Más allá de la decisión final que adopte, lo importante es que, dentro de esa lista, se elija a los mejores perfiles y a personas que no estén fundadamente señaladas por irregularidades, para garantizar la independencia y la calidad del órgano electoral.
La Embajada de Estados Unidos advirtió sobre posibles vínculos de algunos aspirantes con estructuras criminales y narcotráfico en la lista de candidatos al TSE. ¿La misión ha identificado riesgos de cooptación por parte de redes ilícitas?
En principio, nosotros no tenemos como responsabilidad hacer investigaciones individuales sobre personas, pero en la sociedad guatemalteca ha habido identificación de personas que han tenido conductas que riñen con los principios democráticos, con el principio de legalidad, con el respeto al Estado de derecho y con los valores de los derechos humanos.
También ha habido investigaciones internacionales y señalamientos que han venido de Naciones Unidas; en estos días han salido algunos señalamientos y algunas listas que han elaborado Estados.
En la medida en que esas listas respondan a estudios serios y a indicios fundados de que alguna persona puede estar involucrada, lo prudente y lo sensato es que se cuide no integrar órganos con estas personas. No se trata de señalamientos alegres o irresponsables, porque esos no tendrían por qué ser tomados en cuenta, sino de aquellos que estén debidamente fundados.
¿Considera la OEA que personas sancionadas por gobiernos extranjeros por señalamientos de corrupción o socavamiento democrático deberían poder optar a estos cargos?
Distintos organismos, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, mediante resoluciones del Consejo Permanente, han objetado la conducta de funcionarios con relación a las elecciones de 2023 y la toma de posesión que se pretendía obstaculizar.
Ha habido señalamientos sobre la criminalización de la sociedad civil en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha habido señalamientos en ese sentido por parte de la relatora de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados. Ha habido, además, señalamientos por parte de la Unión Europea y de otros gobiernos respecto de determinadas personas.
Entonces, cuando ha habido señalamientos, como dijimos antes, aunque no estén contenidos en una sentencia definitivamente firme, pero estén debidamente fundados, esas personas deben abstenerse de ser candidatos. Y, en su caso, si son candidatos, quienes tienen la responsabilidad del nombramiento deben considerar que es preferible para la democracia, para la transparencia y para la pureza del sistema que no sean llamadas ni nombradas para ocupar esos cargos de alta responsabilidad.
Tiene que haber un compromiso con la democracia, con la Constitución y con los derechos humanos y, por supuesto, estar alejado de cualquier conducta que pueda estar reñida con los principios de la ética y la integridad personal.
¿Qué mensaje le envía a los guatemaltecos en vísperas de los procesos para la renovación de autoridades clave y que sus decisiones repercuten en su vida diaria?
Yo les diría que en este año se está jugando no solamente el futuro de la democracia, sino el futuro de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala.
Por ejemplo, el tema de la lucha contra el crimen, la lucha contra el delito, desde el delito común que acecha a nuestras sociedades hasta el crimen organizado. Solamente con un sistema de justicia que sea profesional, que esté bien integrado, un sistema que cuente con un Ministerio Público capacitado, serio, con los recursos para investigar y perseguir el crimen, para utilizar estándares de debido proceso y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos de los ciudadanos, es fundamental en la lucha contra el crimen y en la garantía de la persona de a pie en Guatemala.
Y si hay arbitrariedades en los procesos, precisamente que todo termine en un tribunal de cierre como es la Corte de Constitucionalidad, que puede proteger los derechos humanos y que puede, en definitiva, corregir conductas abusivas contra una persona a la que le pueden haber quitado su pequeña propiedad o su gran propiedad, o que pueden haberle detenido arbitrariamente.
Al final, todo esto —los amparos y los habeas corpus— termina en tribunales como lo es la Corte de Constitucionalidad, que protege al ciudadano.
De tal manera que, por ese lado, afecta la vida diaria. Y, por el otro lado, se avecinan elecciones en 2027, y el Tribunal Supremo Electoral, una vez designado, tiene que abocarse a preparar esos procesos en los que participan los ciudadanos y las ciudadanas de Guatemala. Organizan las elecciones, como es la tradición en este país, y al final, para que se respete la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, se necesita que también se conforme el Tribunal Supremo Electoral con las debidas garantías.
De tal manera que todo esto, que parece muy lejano, que parece muy distante del ciudadano de a pie, afecta a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
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