En medio del proceso de evaluación de perfiles para elegir al próximo Fiscal General, la gestión de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) vuelve al centro del debate, marcada por un historial de casos de alto impacto sin resultados.
Al menos nueve expedientes emblemáticos —algunos revelados por instituciones del Estado y otros documentados por investigaciones periodísticas— comparten un patrón que hoy pesa en la valoración de su continuidad: la falta de avances concretos, denuncias que no se judicializan y estructuras señaladas de corrupción que permanecen intactas.
Organizaciones civiles advierten que la promesa de combatir la corrupción se ha diluido en investigaciones que no prosperan. Desde la cuestionada compra de vacunas rusas durante la pandemia, hasta complejas redes financieras que habrían movilizado millones de quetzales hacia el extranjero sin seguimiento efectivo, los señalamientos apuntan a un mismo denominador: expedientes estancados y resultados ausentes.
Este recuento cobra relevancia en un momento clave, cuando María Consuelo Porras busca mantenerse en el cargo, mientras su gestión es evaluada no solo por sus méritos formales, sino por el impacto real de las investigaciones bajo su administración.
1. MÁS DE 800 DÍAS SIN INVESTIGAR A MIGUEL MARTÍNEZ
A más de 800 días de la salida del poder de Alejandro Giammattei, el MP no ha informado sobre la apertura de un proceso penal contra su pareja, Miguel Martínez, pese a la acumulación de denuncias públicas y revelaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos durante el gobierno anterior.
Las publicaciones apuntan a adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas a Martínez, como Aspetro —que pasó de contratos marginales a más de Q2 mil millones— y La Botica, que concentró el 97% de sus ingresos durante esa administración. A ello se suman proyectos inconclusos, compras públicas con sobrecostos y contratos bajo sospecha en áreas como infraestructura, salud y programas sociales.
El MP, sin embargo, no ha confirmado diligencias concretas ni avances en estos casos.
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2. CASO SPUTNIK: PROMESAS SIN RESULTADOS
A más de dos años de presentada la denuncia por la compra irregular de las vacunas Sputnik V, el caso sigue sin resolverse. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha reiterado en múltiples ocasiones que los resultados están próximos, pero sin precisar plazos ni avances concretos.
Lo último que hizo el ente investigador fue accionar en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores y otros tres exfuncionarios.
La investigación apunta a posibles anomalías en el contrato suscrito durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el que se habrían negociado condiciones desfavorables para el Estado y se habría involucrado a intermediarios sin capacidad comprobada. También se ha señalado la posible existencia de sobornos vinculados a la adjudicación.
En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció que la pareja de Giammattei, Miguel Martínez, se sumaba a la lista de sancionados bajo la Ley Magnitsky “por su papel en actos de corrupción”.
“En 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco”, precisaron en esa ocasión.
Pese a la relevancia del caso —que implicó recursos públicos en plena emergencia sanitaria—, el MP no ha presentado imputaciones en contra de Giammattei y su pareja. La reiteración de anuncios sin resultados ha convertido el expediente en un símbolo de la inacción fiscal.
El MP en cambio accionó con orden de captura para cuatro exfuncionarios entre ellos: María Amelia Flores González, por los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
También se pidió la aprehensión de la exviceministra, Nancy Ingrid Pezzarosi Barrera de Calderón por abuso de autoridad; contra el exjefe del Departamento Financiero, Rommel Noguera Ávila; y el exjefe del Departamento Administrativo, Erick Belding Delgado Urbina, ambos señalados por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
En la «conferencia de prensa» en la que Curruchiche habló del caso, afirmó que las investigaciones contra Giammattei y Martínez dependen de información que han solicitado a Estados Unidos y Rusia, respectivamente. En el caso de Martínez, el jefe de la FECI, aseguró que la información podría tardar en venir una semana o «hasta 2030 o 2040».
3. B410: LA GRAN DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
El caso B410 fue presentado en 2024 como una de las mayores estructuras de defraudación tributaria en la historia reciente del país. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), una red de 410 empresas habría evadido cientos de millones de quetzales mientras facturaba miles de millones.
Aunque el MP, luego de las denuncias de la SAT, realizó allanamientos iniciales y capturó a dos personas, la investigación perdió impulso. En paralelo, la Fiscalía dirigió su atención hacia el entonces superintendente de la SAT y denunciante, Marco Livio Diaz, en lugar de profundizar en la estructura denunciada.
Las pesquisas periodísticas han señalado posibles vínculos de la red con figuras cercanas al poder político como Martínez, pero estas líneas no han derivado en acciones judiciales contundentes. A más de un año, el caso sigue fragmentado con avances parciales.
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4. AERÓDROMO DE ESCUINTLA: OBRA INCONCLUSA
El proyecto para convertir el aeródromo de Puerto San José en un aeropuerto de carga regional acumuló contratos por más de Q600 millones durante el gobierno de Giammattei. Sin embargo, la obra quedó inconclusa, con proyectos suspendidos, rescindidos o con fallas estructurales.
A pesar de los indicios de posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos —incluyendo el desembolso de Q480 millones por la obra incompleta—, el MP no ha demostrado resultados en la investigación que abrió luego de varias publicaciones de La Hora.
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5. APARTAMENTOS EN DUBAI: RASTRO QUE NO SE SIGUIÓ
Las denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), publicadas por este medio, revelaron un complejo entramado financiero que movilizó más de Q400 millones, parte de ellos provenientes de contratos con el Estado, hacia la compra de inmuebles de lujo en Dubái.
El análisis identificó patrones compatibles con posible lavado de dinero, incluyendo la fragmentación de fondos y su traslado a jurisdicciones internacionales. Tres apartamentos, valorados en millones de dólares, fueron adquiridos a nombre de un operador vinculado a las empresas investigadas en Dubái.
Pese a que la IVE solicitó expresamente la apertura de investigaciones, el MP no ha iniciado procesos penales ni ha judicializado el caso.
6. SEGURO ESCOLAR: MILLONES DILUIDOS EN UNA RED INTERNACIONAL
Otra denuncia de la IVE, que reveló La Hora, documenta la triangulación de Q468 millones vinculados al programa de Seguro Médico Escolar, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Giammattei. Los fondos habrían sido dispersados a través de 39 cuentas y empresas, algunas de ellas de cartón.
El dinero, según la investigación, terminó en cuentas en China, Hong Kong y Panamá, tras pasar por una red de intermediarios que dificultó su rastreo. Parte de los recursos provenía de contratos estatales destinados a servicios de salud para estudiantes.
A pesar de la magnitud del caso y de los antecedentes penales de algunos de los involucrados, el MP no ha presentado resultados. El expediente permanece sin avances visibles, replicando el patrón observado en otros casos.
7. SOBREVALORACIÓN EN EL IGSS
La compra de medicamentos por más de Q377 millones por parte del IGSS, señalada por posibles sobreprecios frente a valores de mercado, derivó en un anuncio de investigación que no produjo resultados visibles.
El MP informó en 2023 que el caso estaba “en análisis” y que sería conocido por la Fiscalía contra la Corrupción tras una publicación de este diario. Sin embargo, desde entonces no se han reportado avances sustanciales, ni acciones judiciales.
La investigación reveló que el IGSS adquirió Irbesartán (Aprovel) y Clopidogrel (Plavix) por más de Q377 millones, una cifra que representaba casi una quinta parte del presupuesto institucional destinado a ese rubro. El dato más revelador no fue el volumen, sino el precio: en algunos casos, el costo unitario triplicaba el valor de mercado.
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8. CARRETERA EN PALÍN: Q25 MILLONES SIN USAR
La construcción de una carretera en Palín, Escuintla, valorada en Q25 millones y que permanece inconclusa, quedó también en la antesala de una posible investigación que no ha avanzado.
Luego que La Hora reveló que el proyecto —inaugurado sin estar terminado— no permitía el paso de vehículos y carece de drenajes, el MP respondió que “analizaría” si correspondía iniciar una pesquisa de oficio. A la fecha, no se conocen acciones concretas.
La obra, impulsada al amparo de una ley aprobada con rapidez en el Congreso y vinculada a decisiones políticas más que técnicas, presenta los mismos rasgos que otros proyectos de infraestructura cuestionados.
El proyecto fue inaugurado por las anteriores autoridades municipales e incluso se levantó un monumento con una plaqueta en la que se agradece al expresidente Giammattei por «tan importante proyecto que resuelve el aspecto pluvial y vehicular» en el municipio, a pesar de que en la carretera todavía no pueden transitar vehículos y que los drenajes no se han instalado.
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9. ALFOMBRA MÁGICA: CASO CERRADO SIN INVESTIGACIÓN
El MP cerró el caso conocido como “Alfombra Mágica”, en el que se señalaba al entonces presidente Giammattei de haber recibido dinero en efectivo —presuntamente entregado por empresarios rusos— a cambio de facilitar una concesión portuaria. La decisión se tomó sin que el expediente avanzara hacia una investigación formal.
El ente investigador argumentó que los hechos “quedaron en intención” y que no existían elementos suficientes para proceder, pese a que el caso había sido revelado por The New York Times y vinculado a pesquisas iniciadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad antes de la destitución de su jefe, Juan Francisco Sandoval.
Aún con la gravedad de los señalamientos y su alcance internacional, el MP optó por desestimar el caso. La investigación no fue ampliada ni se exploraron nuevas líneas, consolidando un patrón: expedientes de alto impacto que se cierran o quedan sin desarrollo, sin que se esclarezcan posibles responsabilidades.
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10. EUREKA B41O: DEFRAUDACIÓN DE 6.9 MILLONES
El caso Eureka B410, que apunta a una posible defraudación de Q6.9 millones por parte del contratista Douglas Espinales Baños, sigue sin avances sustantivos a siete meses de haber sido revelado. El MP limitó sus actuaciones a solicitar auditorías a la Contraloría General de Cuentas y a la SAT, cuyos resultados aún están en proceso.
La investigación se centra en las irregularidades detectadas en las adjudicaciones millonarias que recibió un contratista durante el gobierno de Giammattei, periodo en el que acumuló hasta Q147 millones en contratos con el Estado. La SAT ha señalado una tributación inusualmente baja, inconsistencias contables y la posible existencia de proveedores ficticios, mientras que también se ha documentado que la empresa carecía de empleados pese al volumen de obras adjudicadas.
A pesar de estos indicios, el caso permanece bajo reserva y sin diligencias visibles que permitan esclarecer responsabilidades. Por ahora, el avance depende de informes técnicos pendientes, en un expediente que refleja, una vez más, la lentitud en investigaciones de alto impacto.
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