Lo que aparentó una alianza estratégica para la gobernabilidad mutó en una fractura profunda tras la fallida operación del diputado Samuel Pérez en el Legislativo. El Congreso está lleno de oscuros personajes y congresistas con vínculos sombríos en ambos lados de la moneda.
Sus acercamientos con figuras cuestionadas, como Luis Aguirre, no solo activaron al “lobby antiembajada” para asegurar la reelección de Roberto Molina Barreto a la Corte de Constitucionalidad, sino que proyectaron una sombra de duda en EE. UU. por el reciente declarado “pragmatismo” del legislador y sus constantes alusiones a la lucha de clases o su oposición a los capitales privados.
Fuentes del oficialismo explican a La Hora que el punto de no retorno parece ubicarse en 2024 en las entrañas del Ministerio de Comunicaciones (CIV). Los entrevistados señalan que la verdadera «manzana de la discordia» fue el intento de Pérez y su círculo cercano de intermediar en los pagos de deuda de arrastre a constructoras, una maniobra que habría precipitado la salida del exministro Félix Alvarado en noviembre de ese año.
Este episodio, sumado a los rumores de una posible intención del grupo cercano a Pérez de promover a la vicepresidenta Karin Herrera hacia la Presidencia para recuperar control operativo, terminó por quebrar la confianza personal de Arévalo, quien, según una de las fuentes, se sintió decepcionado por las ambiciones de su antiguo estratega, de figuras como el anterior ministro de Comunicaciones y otros diputados de Semilla.
La creación de la facción «Raíces» formalizó un divorcio político, que ante los recientes acontecimientos y declaraciones del mismo diputado Pérez en el podcast Tangente deja al Gobierno en una posición vulnerable, sobre todo en su relación con Estados Unidos, afirma otra fuente a La Hora.
Mientras Pérez justifica sus alianzas con sectores señalados de vínculos con el crimen organizado como una necesidad aritmética para alcanzar votos «democráticos», el lobby antiembajada aprovecha para ganar influencia en Washington bajo el discurso de una agenda en contra del crimen organizado, el narcotráfico y la izquierda radical.
Dicho lobby (llamado antiembajada, porque promovió en EE. UU. la salida del anterior embajador, Tobin Bradley, y del exencargado de Negocios, Patrick Ventrell) movió sus hilos en los más altos niveles tanto como pudo y recibió ayuda de lobistas, afirma una de las fuentes.
Dentro de los diputados que apoyaron la agenda del lobby antiembajada, destacan aquellos con claros vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Muchos de esos diputados tienen allegados condenados en Estados Unidos por narcotráfico.
Además, explican las fuentes, que el denominado lobby antiembajada aprovechó los acercamientos entre Pérez y Aguirre para vender la idea de que el oficialismo promovía a un candidato a la magistratura con “agenda de la izquierda” y otro con vínculos con el narcotráfico y las mafias que le han vendido al Estado. En Guatemala, diversas voces relacionan al legislador de Cabal con estructuras del crimen organizado e incluso el narcotráfico, pero hasta la fecha, Estados Unidos no ha hecho un pedido formal de extradición.
LAS PRIMERAS ALARMAS
Semanas previas a la elección, se hizo pública una fotografía en donde Pérez compartía con otros de sus colegas en la oficina de la Presidencia del Congreso. En ella, publicada en su cuenta de X, Luis Aguirre aparece junto con otros de sus colegas. Aparte de Pérez, figuran Nery Ramos y Jorge Mario Villagrán, del Partido Azul; así como Adim Maldonado, de la facción disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ahora integrante del Unionismo.
Aguirre acompañó la fotografía en X con el texto: «Hablando de CC y TSE —Tribunal Supremo Electoral—, aquí en la Presidencia del Congreso con la mayoría de los votos». Una fuente dijo a La Hora, “lo peor es que ni de eso estábamos hablando, pero les encanta el show y por eso se equivocan”.
Las fuentes aseguran que esta publicación encendió las alarmas de sus opositores. Un déjà vu llegó a su mente. En septiembre de 2025, Aguirre, Maldonado y Pérez (además, Julio Héctor Estrada, también de Cabal), fueron captados en otra reunión, en esa ocasión en un restaurante de la capital guatemalteca.
En aquella oportunidad, legisladores consultados confirmaron que uno de los temas abordados había sido la elección de la Junta Directiva.
Hablando de CC y TSE, aquí en la presidencia del Congreso con la mayoría de los votos pic.twitter.com/yFnU84dZAt
— Luis Aguirre (@luisaguirre1010) February 12, 2026
Aunque se llegó a hablar de que la oposición podría conseguir los votos necesarios para imponerse en esa votación, finalmente la Junta Directiva del Congreso quedó en manos de aliados del oficialismo.
El 14 de enero último tomó posesión como presidente de la Junta Directiva el diputado Luis Contreras, del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), con la venia del oficialismo (que no es la facción de Raíces).
Todos estos hechos fueron aprovechados por un reactivado lobby antiembajada, aseguran las fuentes. Como resultado, la elección de magistrados en el Congreso se polarizó en dos candidaturas. —Roberto Molina Barreto y Rony López— con lo que se descartaron más de 40 perfiles, muchos de los cuales eran calificados para el cargo.
RECONOCE NEGOCIACIONES
En la entrevista reciente con Tangente, el diputado Samuel Pérez reconoció que había consenso y los votos suficientes para elegir como magistrado titular a López, supuestamente porque inspiraba confianza a la mayoría de los legisladores, lo cual permitía un «equilibrio estable».
En la entrevista, el diputado electo por Semilla reconoció que las juntas con Aguirre y la divulgación de estas pudieron haber afectado el proceso de elección porque ni siquiera había un consenso entre bancadas.
La cita entre los diputados que elegirán y los magistrados que podrían obligar el voto
Respecto a los señalamientos que relacionan a Aguirre con el crimen organizado, Pérez dijo que “en lo personal” no le preocupan porque no tiene ningún vínculo con el legislador de Cabal “más que el profesional, cuando toca intentar llegar a una votación”.
“Sus votos se requieren para poder llegar a la mayoría del lado democrático… Tenemos que llegar a acuerdos en el Congreso, pero después de eso nada más hay”, justificó Pérez. “Si tiene cuentas pendientes —Aguirre—, le tocará a él aclararlas; a mí no me preocupa, en absoluto”, aseveró.
Recientemente, Pérez y su grupo de diputados también activaron una serie de declaraciones incendiarias respecto a la lucha de clases en el país, así como profundizar su crítica hacia el sector privado organizado, que el lobby lo ha vendido en EE. UU. como una agenda de la izquierda progresista, tema que ha tenido eco entre quienes operan desde Miami el lobby.
Entre otras acciones, el legislador fue el principal propositor de que el CACIF quedara fuera del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) cuando se discutieron las reformas a la Ley de Alianzas Público Privadas; sin embargo, la medida no obtuvo los votos necesarios para su aprobación, incluyendo nueve parlamentarios de Semilla que continúan representando al oficialismo.
Hoy un grupo de diputados traidores vendieron el país a CACIF. pic.twitter.com/HmirxSFF2W
— Samuel Pérez
(@samuel_pz) November 19, 2025
El salario mínimo no tiene como objetivo maximizar las utilidades de las élites, sino hacer mas justo el precio del trabajo en un mercado lleno de desigualdades.
Buscar facilidades para emprendimientos, pequeños comerciantes o mipymes es una cosa, pero que se queje CACIF es pura… https://t.co/WBos5Y8tze
— Samuel Pérez
DISTANCIAMIENTO
La operación de Pérez en el Congreso no contaba precisamente con la aprobación del presidente Bernardo Arévalo. En la entrevista ofrecida al podcast, el legislador reconoce que tenía una expectativa de que hubiera una operación “a otro nivel” para tratar de evitar la designación de Molina Barreto, y que esta debió haber sido del Organismo Ejecutivo, pero en su opinión no ocurrió.
Además, dijo que su comunicación con Arévalo “ya no es frecuente”. El día de la votación, dijo, habló brevemente con él para plantearle “la urgencia de su intervención”, pero después ya no volvió a hacerlo.
Pérez considera que la relación entre ambos no está rota y que “a lo mejor” existen personas que quieren aislarlo del presidente con la narrativa de que se junta con Luis Aguirre y “que este está relacionado con el narco”. “En todo caso —añadió—, que no se junte con Aguirre si es algo que le preocupa”.
EL CIV Y LAS MOLESTIAS
El distanciamiento entre Arévalo y Pérez es notorio. Aunque ninguno acepta públicamente que hay una ruptura, antes solía verse con frecuencia al legislador en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el mandatario tiene su despacho, pero ya no es lo mismo. Pérez entraba con libertad al recinto del Ejecutivo y podía dirigir estrategias, afirman fuentes cercanas al partido oficial.
Se menciona que el rompimiento con Arévalo fue por la iniciativa de un grupo de legisladores de formar una nueva agrupación política (Raíces). Arévalo dijo en alguna ocasión que en el Congreso cuenta con los votos de la “bancada Semilla”.
Pérez, por su parte, asegura que las diferencias entre miembros del partido se deben a que algunos consideran factible revivir legalmente a Semilla (actualmente cancelado por el Tribunal Supremo Electoral, en obediencia a una orden del juez Fredy Orellana), mientras que él y otro grupo, no.
Pero el rompimiento tiene una explicación mucho más profunda. Una fuente confió a La Hora que la manzana de la discordia fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), puesto que Pérez, con el apoyo de la diputada Andrea Villagrán, pretendía intermediar por los pagos a constructoras por deudas de arrastre. La fuente no es clara si lo que buscaban era una comisión.
La crisis ocurre en septiembre de 2024, afirman las fuentes consultadas por La Hora, para intentar entender los hechos y el distanciamiento. El análisis hemerográfico documenta que en septiembre de 2024 creció la presión sobre el ministerio para resolver crisis de infraestructura vial y la gestión de contratos heredados.
La gestión de Alvarado estaba centrada en la rehabilitación de la autopista Palín-Escuintla tras el socavón de junio, anunció la ejecución de fianzas por pasos a desnivel inconclusos (como en la calzada Roosevelt) y gestionó la emergencia vial por la fuerte temporada de lluvias.
Dos meses después, en noviembre, se produjo la salida del exministro Félix Alvarado, quien había sustituido a Jazmín de la Vega, quien fue la primera ministra del CIV de Arévalo.
Menos de una semana después de la salida de Alvarado del CIV, el Ministerio Público (MP) allanó la residencia del exfuncionario en seguimiento a un supuesto caso de lavado de dinero, del que a la fecha no se conocen resultados.
Además, en agosto del mismo año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) presentó el caso “Mecanismo de corrupción MICIVI”, relacionado con pagos que se pretendían efectuar en el CIV, aunque el principal señalado fue el presidente Arévalo. De este caso tampoco se conocen avances.
La fuente aclaró que la intención de Samuel Pérez de inmiscuirse en la dinámica de pagos a contratistas fue la razón de la salida de Alvarado, porque habría permitido algún grado de control. “El presidente quedó muy dolido y decepcionado porque era su amigo”, afirma un testigo de los hechos.
Este episodio también habría sido el origen del distanciamiento entre Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, puesto que Pérez, al ver que se le complicaban sus planes en el CIV, habría pensado en llevar a la vicemandataria a la Presidencia. La fuente deja entrever que habrían existido algunas conversaciones, pero no se ofrece nada más que su testimonio.
Los tres negaron los señalamientos.
Pérez dijo que es “absolutamente falsa” la acusación y aseguró que tanto él como Villagrán ni nadie de la bancada tiene interés ni acceso a la forma en que el CIV determina cómo y a quién se le hacen los pagos.
Añadió que si el presidente se hubiera enterado de algo así, seguro lo hubiera denunciado.
Asimismo, dijo desconocer cuál fue el motivo real de la salida del exministro Alvarado, puesto que no tiene acceso a “información privilegiada”.
El legislador también descartó que el señalamiento haya sido el punto de quiebre para que se produjera el distanciamiento con el presidente y, más bien, cree que este se produjo por la creación del partido Raíces.
Sin embargo, añadió que las diferencias que tienen no son estructurales y que actualmente los diputados que buscan crear este partido respaldan 100% al presidente y su gestión para que el proyecto de gobierno tenga éxito.
Mientras tanto, la vicepresidenta Karin Herrera respondió por medio de su equipo de comunicación que “rechaza categóricamente” el señalamiento, por lo cual dijo que no opinaría “sobre falsedades”.
“El trabajo de la vicepresidenta se apega a las funciones constitucionales de su cargo y a los principios de legalidad, ética y transparencia”, subrayó la oficina.
EN EL CONGRESO
La discordia también se alimentó en el Congreso. En la nota “Acciones de Samuel Pérez que provocaron una fracción en Semilla y la intención de un nuevo partido” se relatan varios de los motivos del distanciamiento.
Entre estos, los consensos que Pérez buscaba para avanzar con ciertos temas, como la elección de Junta Directiva, así como el que haya vendido como logro propio la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q14 mil millones.
Otro factor que alimentó el alejamiento fue la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 2024. Pérez cabildeó con varias bancadas, entre estas algunas de oposición, para elegir a ciertos candidatos. Sin embargo, no logró los votos, a pesar de que había sido acordado en conversaciones.
Por ahora, a la espera del nuevo embajador de EE. UU. en Guatemala, el lobby antiembajada celebra su victoria en la CC (incluidos dos magistrados afines a un agente chino), a las puertas de la designación del nuevo fiscal general, que podría provocar nuevos puntos de tensión.
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