La pista estaba sobre su escritorio. Nueve meses antes de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunciara una trama de supuesta evasión fiscal, el Ministerio Público que dirige María Consuelo Porras ya había recibido una advertencia precisa: el abogado y notario David Barrera Maldonado figuraba como representante legal de decenas de sociedades, vinculada a una estructura sospechosa de mover Q23.1 millones hacia China.
La alerta, emitida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) el 23 de noviembre de 2023, no solo identificó a Barrera como una pieza bajo sospecha. También advertía que actuaba como representante legal de 194 entidades, un dato que, en cualquier sistema de prevención de lavado de dinero, activa alarmas inmediatas. La denuncia fue dirigida directamente al despacho de Porras y a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. No hubo reacción conocida.
El nombre en ese momento era irrelevante y aislado. Pero Barrera, luego, apareció también conectado —a través de una sociedad anónima— con el entorno de Miguel Martínez, pareja del sancionado expresidente Alejandro Giammattei, un vínculo que él ha negado, pero que registros oficiales y cruces de datos han puesto bajo escrutinio.
UNA ADVERTENCIA IGNORADA
La denuncia de la IVE, de acuerdo con fuentes del ente investigador, describía una operación de “estratificación” —la segunda fase del lavado de activos— mediante la cual al menos Q23.1 millones terminaron en cuentas bancarias en China. En el centro de esa red aparecía una empresa intermediaria, Inversiones Redil, S.A., constituida por Barrera.
No se trataba únicamente de una firma más. Era el nodo que conectaba los flujos de dinero provenientes de contratistas del Estado con las transferencias internacionales, según la denuncia. La IVE subrayó ese rol y añadió un elemento clave: el notario no solo constituía sociedades, sino que las representaba de forma masiva, lo que sugería un patrón sistemático.
«Asimismo, en consulta al mismo sitio se identificó que David Francisco Barrera Maldonado, socio fundador de Inversiones Redil, S. A., figura como representante legal de 194 empresas», expuso la unidad de inteligencia financiera a Porras, detallan fuentes del MP.
La ley obliga al MP a iniciar investigación ante indicios de lavado de dinero. La IVE, de hecho, solicitó expresamente la judicialización del caso. Sin embargo, el expediente quedó en suspenso. Mientras tanto, la fiscal general concentraba su actuación en la ofensiva contra los resultados electorales de 2023 para invalidar el triunfo del presidente Bernardo Arévalo.
NUEVE MESES DE SILENCIO
El 14 de agosto de 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hizo pública la existencia del caso B410: una red de 410 empresas que habrían defraudado al fisco por más de Q300 millones entre 2021 y 2023. El nombre de Barrera volvió a emerger, pero públicamente y esta vez como protagonista.
Según la investigación tributaria, el abogado no era un actor periférico: había constituido el 75% de las sociedades que integraban la estructura. Es decir, el indicio que la IVE puso sobre la mesa en 2023 —su papel como notario recurrente de múltiples empresas— era, en realidad, la puerta de entrada al mayor caso de evasión fiscal del país.
La secuencia revela una omisión crítica. Cuando la SAT denunció el caso, el patrón ya estaba consolidado. Pero el MP de Porras y la Fiscalía de Lavado de Dinero habían tenido acceso a esa misma señal nueve meses antes, en un contexto distinto: cuando aún era posible trazar la red con mayor anticipación.
Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez
NOTARIO DEL 75% DE LAS 410 EMPRESAS
Barrera no es un desconocido en los registros mercantiles. Su trayectoria está ligada a la creación masiva de sociedades anónimas, una práctica legal en Guatemala, pero que, en ausencia de controles efectivos, ha sido utilizada para montar estructuras de evasión y ocultamiento de capitales.
En el caso B410, las empresas compartían rasgos comunes: direcciones inexistentes, socios repetidos, números telefónicos idénticos y resistencia a auditorías. Muchas de ellas facturaban millones sin respaldo contable y omitían el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
El esquema funcionaba como una fábrica de empresas: sociedades constituidas, vendidas y luego utilizadas para simular operaciones comerciales. Barrera aparecía como accionista, representante o apoderado en buena parte de estas entidades, según la SAT y diversas investigaciones periodísticas.
A pesar de su rol central, el avance del MP ha sido limitado. No se han identificado públicamente a los beneficiarios finales de la estructura ni a los posibles autores intelectuales. Barrera fue detenido y ligado a proceso por el delito de lavado de dinero, luego recobró su libertad por resolución de una Sala de Apelaciones y finalmente su proceso fue clausurado.
CONEXIÓN CON MARTÍNEZ
El nombre del notario también aparece en otra dimensión del caso. Una sociedad anónima vinculada a Barrera —Antagonista de Negocios, S.A.— figura como propietaria de un inmueble en Jocotenango donde residía la familia de Miguel Martínez, pareja del expresidente Giammattei, según una investigación de La Hora.
Aunque Martinez ha negado cualquier relación con la red B410, los registros muestran que la empresa que adquirió la vivienda fue constituida dentro del mismo entramado de sociedades. Además, compartía patrones detectados por la SAT: direcciones fiscales cuestionadas y vínculos con otras entidades del caso.
La propiedad fue inmovilizada judicialmente bajo sospecha de haber sido adquirida con fondos de origen ilícito. No existe, hasta ahora, una imputación formal contra el exjefe del Centro de Gobierno. Tanto Martínez como Giammattei tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos por señalamientos de corrupción.
En el caso del expresidente, el Departamento de Estado le vetó por haber aceptado sobornos durante su mandato, mientras que su pareja fue señalada por el Departamento del Tesoro por intervenir en la adjudicación de contratos a determinadas empresas, al margen de los procedimientos establecidos, y aceptar sobornos. Martínez niega los señalamientos y actualmente pelea para que le levanten la sanción.
Pese a que Miguelito siempre negó vínculo: la casa, la sociedad y el abogado del caso B410
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