Luego de tres semanas de cuestionamientos debido a la posible restricción en la búsqueda de datos de proveedores en el portal Guatecompras, mediante un comunicado este martes, el Ministerio de Finanzas (MINFIN) reabrió la consulta y búsqueda de proveedores del Estado y conocer los procesos de contratación, con la habilitación de funcionalidades.
La nuevas herramientas de consulta permiten consultar contratos con el Estado sino que a la totalidad de oferentes e involucrados en los procesos de licitación.
El tema ha generado polémica y esta mañana, incluso, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) demandó, a través de un comunicado de prensa, que los controles emitidos por el ministerio, limitaban el acceso a la información al igual que la transparencia.
La controversia se originó a mediados de agosto, cuando se dio a conocer que desde el 21 de julio de 2026 Guatecompras aplicaría modificaciones operativas en su motor de búsqueda de proveedores.
COMUNICADO| GUATECOMPRAS incorpora nuevas herramientas de búsqueda para facilitar la consulta de información pública. Puedes relacionar datos y conocer quiénes participan en las compras del Estado.
Infórmate aquí: https://t.co/janbylsx3i #Guatecompras… pic.twitter.com/vmSzH1e7R0
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) September 1, 2026
Según documentó La Hora, la disposición de la cartera del Tesoro concentraría las consultas en personas individuales o jurídicas que tenían vinculación registrada con los procesos de adquisición o contratación pública.
Hasta esa fecha, la actualización permitía que todo Número de Identificación Tributaria (NIT) se pudiera visualizar. El ajuste fue implementado por la Dirección de Adquisiciones del Estado (DIGAE), dirección que también ejecutará las nuevas disposiciones.
En su momento, la medida fue justificada por autoridades del MINFIN bajo el argumento de atender «alertas de seguridad», optimizar el rendimiento del sistema y evitar el uso inadecuado de datos de contribuyentes sin relación previa con compras estatales.
La explicación del MINFIN fue: los resultados se enfocarán en proveedores que hayan sido adjudicados en eventos competitivos identificados mediante un Número de Operación Guatecompras (NOG), que estén vinculados con adquisiciones publicadas mediante un Número de Publicación Guatecompras (NPG), o que hayan realizado ventas al Estado o tenido la calidad de contratistas.
Guatecompras cambia por alertas de seguridad: la información sigue pública, asegura MINFIN
En su momento, el Minfin sostuvo que la actualización forma parte de las acciones para optimizar el funcionamiento de Guatecompras, sin modificar las obligaciones de publicidad establecidas para las adquisiciones y contrataciones públicas.
La institución reiteró que la información que legalmente debe hacerse pública continuará disponible para la fiscalización ciudadana, periodística e institucional, como parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y fiscalizadores ciudadanos advirtieron que la disposición representaba un obstáculo para la auditoría social.
NUEVO ESQUEMA DE TRANSPARENCIA
Con la emisión del Comunicado No. 128, la DIGAE busca cerrar el capítulo de la polémica y restablecer los mecanismos de fiscalización. Entre las principales modificaciones que entran en vigor destacan:
Inclusión de todos los oferentes: El buscador de proveedores amplía nuevamente su cobertura para mostrar información detallada de personas o empresas participantes, independientemente de si fueron adjudicadas o no.
Rastreo de Representantes Legales: Se añade un buscador específico y una pestaña dedicada a «Representaciones», facilitando el cruce de datos para verificar a qué distintas empresas o sociedades anónimas se encuentra vinculada una misma persona.
Consolidación en la pestaña «Participantes»: En cada concurso público se unifica la información relativa a competidores, adjudicados, integrantes de Juntas de Licitación o Cotización, así como supervisores y dictaminadores.
Con este ajuste, la cartera financiera intenta equilibrar las exigencias de rendimiento técnico y seguridad del portal con el derecho constitucional a la transparencia y al acceso a la información pública, devolviendo a la ciudadanía las herramientas clave para la auditoría social de los recursos estatales.
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