Ante el alza internacional del petróleo y la presión local sobre los precios de los combustibles, el Congreso de la República podría destrabar esta semana una discusión que lleva cinco meses estancada y que ha provocado divisiones políticas, críticas por el costo fiscal y cuestionamientos respecto de si las medidas llegarán demasiado tarde para aliviar el impacto en los bolsillos de los guatemaltecos.
La discusión gira en torno a la iniciativa de ley 6726, conocida por el Pleno el 17 de marzo de 2026. Cinco meses después, se instaló una mesa técnica para evaluar tres rutas: crear un Fondo de Compensación, eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) o no intervenir y dejar que el mercado absorba el ajuste.
La decisión cobra urgencia porque mientras eso se define: los precios internacionales continúan bajo presión por el conflicto en Medio Oriente y la expectativa social se mantiene ante una posible solución que aliviane los costos colaterales.
De momento, el Gobierno ya destinó hasta Q2 mil 500 millones para un subsidio temporal a partir de que se apruebe y que duraría hasta diciembre, pero con la advertencia de varias voces de que este solamente duraría un mes.
El reto ahora es definir un mecanismo que ofrezca estabilidad, pero será difícil hacerlo sin comprometer las finanzas públicas.
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OPCIÓN 1: FONDO DE COMPENSACIÓN
La propuesta más avanzada es la iniciativa 6726, impulsada desde la Comisión de Finanzas.
El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión, explicó que el fondo iniciaría con Q2 mil 500 millones y funcionaría como una «alcancía» de doble vía.
“Cuando los precios internacionales están bajos se acumulan recursos mediante un cobro adicional por galón. Cuando suben, el fondo entrega una compensación directa por galón a importadores y distribuidores para evitar que todo el aumento llegue al consumidor”, detalló Estrada.
Alza del petróleo amenaza con “comerse” en un mes los Q2 mil 500 millones del subsidio
El objetivo es frenar la carestía en la cadena de transporte y productos básicos. El Organismo Ejecutivo se pronunció a favor del fondo, aunque reconoció que puede ejercer presiones fiscales si los precios altos duran mucho tiempo. El Ministerio de Finanzas apoya instalar la mesa técnica para afinar el diseño.
Retos: Necesita capital inicial vía reasignaciones presupuestarias. El punto ahora es que si la crisis se alarga, el fondo se agota rápido o puede generar déficit.
Estrada admitió que el mecanismo tomará tiempo: “está formulado para funcionar en marzo del año entrante”.
Ricardo Barrientos, Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), opinó que el fondo de compensación funciona exactamente igual que el subsidio, pero con un carácter más previsorio. Destacó que el mecanismo requiere una administración precisa para evitar que fracase.
«En los años ochenta existió un mecanismo similar que no cumplió su cometido y fracasó porque no fue administrado competentemente», agregó.
OPCIÓN 2: ELIMINAR EL IDP
La segunda vía en discusión es eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), pero a un costo fiscal grande. El impuesto es de Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 en regular y Q1.30 en diésel.
«En términos prácticos: Quitar el impuesto es como poner un IDP negativo. Se cobran Q4.70 y se devuelven Q4”, agregó el diputado Estrada.
Según los cálculos eliminar el IDP podría tener un costo de Q322 millones mensuales en gasolinas y Q91 millones en diésel. Si se suma el IVA, el costo fiscal subiría a Q1 mil 100 millones al mes.
Barrientos consideró consideró que eliminar impuestos «es un error». «El impacto en el precio final por galón es mínimo y el Estado pierde recursos», agregó el director ejecutivo de ICEFI.
El Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) ve aquí la opción “más sensata”: “Ese impuesto está distorsionando los precios y coloca a Guatemala un poco arriba del resto de Centroamérica.
Para CEES, el precio es un semáforo: si sube, la gente ahorra, usa bus, comparte carro o moto.
En cualquier caso, los analistas coinciden en que debe existir primero una discusión «técnica», alejada de populismos y el clima pre-electoral que ya empieza a hacerse más fuerte.
Retos: Es la vía más complicada políticamente. Requiere reformas tributarias y actualizar sistemas de la SAT. Además, el alivio es limitado: con un galón a Q40, bajar Q4.70 no resuelve el problema de fondo.
OPCIÓN 3: NO INTERVENIR
El Centro de Estudios Económicos y Sociales (Cien) fue el más crítico: “El gobierno se equivocó al implementar este nuevo subsidio porque es una medida populista. Manda una señal equivocada al mercado y compromete fondos de los tributarios que tienen prioridades mayores”.
Para el CEES, ningún subsidio ni fondo resolverá el problema porque “no es culpa del gobierno ni de los expendedores de combustible. Es una razón externa a Guatemala”.
Su propuesta: no enmascarar precios. Que el alza se sienta para que la gente tome decisiones: ahorrar o hacer teletrabajo en la medida que se pueda y se autorice
“Si el gobierno pone un precio tope y subsidia la diferencia, el consumidor no va a percibir que tiene que ahorrar más y va a seguir gastando igual”, apunta el análisis.
Barrientos coincide en que «no hay dinero que alcance», si los precios siguen subiendo. El Gobierno tendría que decidir si deja de gastar en infraestructura, salud o seguridad, para mantener artificialmente los precios de los combustibles bajos.
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PUNTOS DE QUIEBRE
Todos coinciden en que el problema viene de afuera. Mientras no se abra el Estrecho de Ormuz y baje el crudo, el alivio será temporal.
El dinero no alcanza para subsidiar para siempre, si los precios internacionales se disparan, cualquier fondo colapsa.
Eliminar el IDP, según algunos, es un gesto simbólico más que una solución.
Los consultados coinciden en que no hay bala de plata. Un fondo de Q2 mil 500 millones da oxígeno pero se acaba. Quitar el IDP baja poco el precio y deja un agujero fiscal.
Lo cierto es que en el Congreso existen por lo menos cinco iniciativas que tienen por objetivo dar solución a un problema del cual no se visualiza un fin.
La decisión que tome el Congreso en los próximos días no solo definirá cómo responder al actual encarecimiento de los combustibles, sino también qué modelo adoptará Guatemala para enfrentar futuras crisis internacionales del petróleo.
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