A menos de dos meses de que la Ley de Competencia entre plenamente en vigor, Carlos Federico Ortíz, quien asumió el cargo el 9 de octubre, dio declaraciones a La Hora.
En sus respuestas, explicó que uno de sus principales retos es convertir a la nueva Superintendencia de Competencia (SiCom) en una autoridad operativa, con personal especializado, procedimientos claros, acceso a información económica y controles que garanticen independencia y confidencialidad.
Su llegada marca el inicio de una carrera contra el tiempo: la institución debe prepararse para recibir denuncias, tramitar investigaciones y evaluar operaciones empresariales que puedan restringir la competencia en los mercados guatemaltecos a partir del 9 de diciembre.
Su llegada, abre una nueva página para Guatemala.
ORTIZ: DAR CERTEZA ES ESENCIAL
El objetivo inmediato, dijo Ortíz, es llegar al 9 de diciembre con procedimientos definidos, personal idóneo y herramientas administrativas que permitan ejercer las nuevas atribuciones con rigor técnico e independencia.
Para Ortiz, eso requiere más que instalar oficinas o contratar personal: cada proceso debe contar con responsables identificados, plazos claros y procedimientos documentados.
La primera tarea es construir la estructura orgánica y aprobar los manuales que guiarán la recepción y tramitación de denuncias, las investigaciones, el análisis de concentraciones económicas y las acciones de promoción de la competencia.
“Estos instrumentos son esenciales para dar certeza jurídica a las empresas que deban notificar operaciones, a quienes denuncien posibles prácticas anticompetitivas y a los agentes económicos sujetos a investigación”, agregó el Superintendente.
El segundo frente es administrativo. La institución necesita reglas internas para compras, contrataciones y control de recursos públicos.
El titular de la SiCom dijo que una autoridad encargada de vigilar el funcionamiento de los mercados debe demostrar desde el principio que administra sus propios recursos con transparencia y apego a la normativa pública.
El tercer frente será la coordinación interinstitucional. Ortiz anunció que buscará formalizar convenios con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Economía.
La razón es práctica: investigar mercados exige información económica confiable y oportuna. “Sin datos suficientes y mecanismos de cooperación, la capacidad de detectar conductas anticompetitivas puede verse limitada”, agregó.
Ortiz fue designado mediante la Resolución 75-2026 del Directorio el 9 de octubre, fecha en que también tomó posesión del cargo para completar el período que concluye el 12 de octubre de 2031.
CONTRATACIONES POR MÉRITO
La conformación del equipo de trabajo será una de las pruebas más importantes para la nueva administración.
Ortiz aseguró que no busca simplemente llenar plazas, sino diseñar una organización ajustada a las funciones que la ley encomienda a la Superintendencia.
A partir de los procesos que deberá ejecutar la institución se definirán los puestos, perfiles y competencias necesarias.
La autoridad anticipó que dará prioridad a abogados y economistas con conocimientos especializados en derecho de la competencia, organización industrial y análisis de mercados, respaldados por personal administrativo capaz de sostener la operación institucional.
También se comprometió a realizar contrataciones mediante procesos transparentes y conforme a la normativa aplicable.
“La especialización importa porque las investigaciones de competencia suelen requerir análisis jurídicos y económicos complejos”, explicó Ortíz.
EL CONSUMIDOR Y LA CONFIDENCIALIDAD
Ortíz agregó que la Superintendencia necesitará personal capacitado y criterios técnicos para investigar posibles abusos de posición de dominio, acuerdos entre empresas que limiten la competencia y concentraciones económicas que puedan reducir las opciones de los consumidores.
También señaló la importancia de establecer controles para proteger la información confidencial de las empresas y prevenir conflictos de interés. Los funcionarios que participen en las investigaciones podrían conocer datos comerciales sensibles, por lo que la institución deberá contar con reglas que garanticen el manejo reservado de esa información y la independencia de sus actuaciones.
“La credibilidad de la institución dependerá tanto de sus decisiones como de la forma en que proteja la información y evite interferencias indebidas”, reconoció el funcionario.
ACERCAMIENTOS CON ACTORES CLAVE
La agenda inicial, dijo, contempla sostener reuniones con gremiales empresariales, entidades públicas, autoridades de competencia de otros países y organismos de cooperación bilateral y multilateral.
El propósito es explicar cómo operará la institución, dar a conocer las obligaciones que establece la ley y aprovechar la experiencia acumulada por otras jurisdicciones.
El diálogo con el sector productivo será relevante para reducir la incertidumbre sobre los procedimientos, promover el cumplimiento preventivo y aclarar cuándo una conducta empresarial puede plantear problemas de competencia.
Ortiz señaló que las reuniones serán institucionales y se concentrarán en explicar la agenda y el alcance de la normativa; los casos particulares deberán tramitarse por las vías legales correspondientes.
“La función de la superintendencia es prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas y controlar concentraciones económicas que puedan restringir la competencia en perjuicio de los consumidores”, agregó.
Esta distinción será clave para evitar expectativas equivocadas sobre lo que la institución puede hacer frente al costo de la vida.
DE LA INSTALACIÓN A LOS RESULTADOS
Los primeros pasos de Ortíz revelan una agenda centrada en la preparación operativa: definir la estructura, aprobar procedimientos, contratar personal técnico y asegurar el acceso a información económica.
Para CompiteGuate, organización del sector privado que promueve la competencia, el verdadero indicador será la capacidad de la Superintendencia para aplicar la ley con independencia, resolver los asuntos dentro de los plazos establecidos y sustentar sus decisiones en evidencia económica y jurídica sólida.
Por su parte, el abogado Luis Pablo Cóbar, Abogado experto en Derecho de la Competencia y socio de la firma Constructiva Lex, en declaraciones a La Hora, antes de la elección de Ortíz, refirió que el desempeño de la Superintendencia no debe medirse por la cantidad de expedientes o multas que genere, sino por la calidad de sus investigaciones, la claridad de sus prioridades, el respeto al debido proceso y su capacidad para promover condiciones de competencia en los mercados.
Con la entrada plena en vigor de la Ley de Competencia prevista para el 9 de diciembre, la Superintendencia debe avanzar en la preparación de su estructura operativa, los procedimientos internos, la contratación de personal especializado y los mecanismos de acceso a información económica.
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