La Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) resaltó que durante la reunión de la Comisión de Mediación entre el Gobierno de Alejandro Giammattei y las Autoridades Indígenas, expresaron su compromiso por mantener un diálogo pacífico, lo cual ha logrado evitar que se dé una escalada de confrontaciones.
Según explica la misión en un comunicado, la mesa de diálogo estuvo conformada por la administración de Giammattei, así como representantes indígenas ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, presidida por Luis Pacheco, y reflejó la voluntad de abrir canales de comunicación para permitir acuerdos en común en beneficio de la democracia, y dar frente a las demandas que han movilizado al pueblo guatemalteco.
“La apertura de este diálogo entre autoridades ancestrales y representantes del Gobierno Nacional es un avance histórico, ya que coloca al pueblo y a las autoridades de las comunidades indígenas legítimamente representadas en una mesa de diálogo directo con las autoridades de Gobierno”, agregó.
En esta línea también destacó que la coyuntura surge en un contexto en donde ambas partes se han comprometido a un diálogo pacífico, con respeto a las libertades fundamentales tanto de quienes ejercen el derecho a manifestarse como de la sociedad en general.
Dicho compromiso fue notorio para la Misión, ya que ha logrado evitar la escalada de confrontaciones violentas durante los días transcurridos desde el inicio de las manifestaciones, en lo cual el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido fundamental, según los integrantes de dicha misión.
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DICE QUE ETAPA SUBSIGUIENTE SERÁ UNA OPORTUNIDAD DE LOGRAR ACUERDOS
De la misma manera, la Misión de la OEA resaltó que confía en que la etapa subsiguiente de este diálogo, la cual exhortan a que se dé prematuramente por la situación del país, será “una renovada oportunidad para lograr acuerdos que protejan las instituciones democráticas en Guatemala”, así como para reconocer la apertura de las diversas necesidades y demandas del pueblo.
A su vez, rechazó y condenó cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, asuman sus cargos.
Al mismo tiempo, se sumó al compromiso declarado por la Secretaría General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, de continuar apoyando el proceso de diálogo en sus subsiguientes etapas, así como lo realiza en “las instancias correspondientes al proceso electoral y de transición de gobierno, según los compromisos adquiridos”.
DARÁN RECOMENDACIONES
De la misma forma, la Misión destacó que tuvo una agenda de reuniones amplia e inclusiva durante el curso de 5 días de esta semana, lo cual tuvo como propósito recibir informes de los actores principales de la coyuntura social.
A su vez, por medio de un informe que será trasladado al Presidente, brindarán recomendaciones para adoptar las decisiones políticas urgentes que conduzcan a la solución efectiva de los temas que son materia de la protesta social que se desarrolla actualmente en el país.
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SIN ACUERDOS
Por la tarde del pasado 12 de octubre, el Gobierno de Giammattei y Autoridades Ancestrales se reunieron con la Comisión de Mediación, sin embargo, no se lograron los acuerdos suficientes para detener las movilizaciones y la crisis democrática provocada por el MP tras los persistentes allanamientos, solicitudes de información y requerimientos de levantamiento de inmunidad en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De acuerdo a Edgar Tuy, síndico de la municipalidad indígena de Sololá, se presentó la solicitud para que Giammattei pida la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso, así como el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.
Sin embargo, Giammattei sostuvo que no contaba con las facultades para solicitar la renuncia de Porras, mientras que en el caso del Juez Orellana, la decisión le compete a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En un comunicado, el Gobierno de Guatemala argumentó que tiene “atribuciones” para solicitar las renuncias, a la vez que se ofrecieron alternativas para que las medidas planteadas sea ante las entidades con competencia legal para atenderlas.
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