Reducir o eliminar el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) puede sonar como alivio, pero detrás de la propuesta hay un costo del cual no se habla con la misma claridad: un “agujero” de más de Q1 mil 300 millones que, según alcaldes y analistas, amenazan de manera directa la autonomía municipal.
La discusión no es menor, lo que está en juego es una disyuntiva incómoda; primero porque para los hogares representaría menor carga fiscal hoy, pero, para el mañana, menos capacidad de sostener servicios básicos como agua potable, alumbrado público y mantenimiento urbano en decenas de municipios.
Los datos lo confirman. A nivel nacional, el IUSI representa entre el 5 y 10% de los ingresos municipales —en las comunas más grandes puede superar el 30%—, por lo que su valor no radica solo en el monto, sino en su naturaleza.
El 40 por ciento de los ingresos municipales provienen de transferencias del gobierno central y 20% del IVA-Paz, un aporte constitucional que es de los pocos recursos que los gobiernos locales pueden usar sin restricciones y sin pasar por la burocracia central.
No obstante, estos recursos como el del impuesto a los combustibles, están condicionados a proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario, mientras que los ingresos propios como tasas, arbitrios y el IUSI permiten autonomía para atender necesidades locales definidas por los alcaldes.
Ante estos datos, es fácil visualizar que el corazón del conflicto radica en la autonomía financiera. Aunque a nivel nacional el IUSI no tiene un peso significativo, en las ciudades con mayor actividad económica funciona como un “pulmón” que permite responder con rapidez a emergencias locales y sostener la operación cotidiana de los servicios municipales.
Algunas municipalidades consultadas por La Hora para este análisis, hacen referencia a que dichos aportes les «mantienen las luces encendidas», permitiendo que la municipalidad atienda desde un drenaje colapsado hasta la seguridad en los parques en donde habita un comunidad.
UNE y Todos van por el IUSI; se desconoce cómo se cubrirá el déficit de la municipalidades
Bajar el impuesto sin un plan de compensación técnica podría generar un efecto bumerán: el ahorro que el vecino perciba hoy en su declaración de inmuebles podría terminar gastándolo mañana en pipas de agua privada o reparaciones mecánicas por el deterioro de las vías.
Como advierten los expertos, el desafío no es solo bajar la carga, sino hacerlo sin desmantelar el motor que hace que la comunidad funcione. En este punto, todos coinciden en la oportunidad de mejoras a la aplicación y cálculo del IUSI, pero no bajo presión política.
En el Congreso de Guatemala, las bancadas TODOS, CREO y UNE empujan la iniciativa sobre la reducción del IUSI. Los argumentos a favor de la reforma se centran en aliviar la carga económica de las familias trabajadoras y facilitar el acceso a vivienda. Sin embargo, otros diputados afirman que el objetivo es presionar a las municipalidad grandes y en algunos casos bajar el pago del impuesto de los mismo diputados.
La iniciativa ha sido leída en primera instancia en el pleno y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Sin embargo, aún debe superar la segunda y tercera lectura, pero además, alcanzar consensos entre las bancadas.
Las tres reformas para eximir o exonerar el IUSI que plantea la iniciativa que avanza en el Congreso
PROPUESTA DE LA DISCORDIA
La iniciativa 6709, que avanza en el Congreso, plantea reducir el cálculo del IUSI y otorgar exoneraciones focalizadas.
Entre los argumentos más relevantes están: la exoneración temporal para la primera vivienda en proceso de pago, la exención total para quienes hayan pagado el impuesto durante 20 años consecutivos, y la exoneración para adultos mayores de 60 años con una sola propiedad. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y aliviar la carga económica de los hogares.
Hasta ahora el IUSI genera más de Q1 mil 800 millones anuales, necesarios para mantener calles, alumbrado, agua potable y programas sociales. Reducir la tasa de 9% a 3% por millar significa un recorte de más de Q1 mil 300 millones en los ingresos de todas las municipalidades, un golpe que pondría en riesgo la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.
Según lo establecido en la propuesta 6709, solo las municipalidades del Departamento de Guatemala dejarían de percibir más de Q1 mil millones al año. En el interior del país, alcaldías prominentes como en los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla y Sacatepéquez verían sus ingresos reducidos al año en hasta Q98 millones.
Otros análisis refieren que esta iniciativa representa el mayor impacto fiscal negativo ya que al sustituir la escala vigente por una tasa única de 3%, la recaudación se reduciría de Q1 mil 724.9 millones a Q613.8 millones, lo que implicará una contracción de Q1 mil 164 millones equivalentes al 64.4%. Esto obedece a que la tasa es inferior al 9% que actualmente se paga.
RIESGO OPERATIVO
Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), calificó como irresponsable la propuesta de reducción del IUSI que se discute en el Congreso.
Explicó que algunos diputados buscan votos en el área metropolitana sin considerar el impacto negativo en los vecinos y en la autonomía financiera de las municipalidades.
Recordó que el IUSI fue concebido como un mecanismo para fortalecer la independencia de los gobiernos locales y que las comunas con mejor recaudación son precisamente las que ofrecen más y mejores servicios. Aunque considera positivo que se abra el debate sobre una actualización del impuesto, insistió en que debe hacerse para robustecer el poder local y no para debilitarlo.
El IUSI nació en Guatemala en 1995, durante el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio, como parte de una reforma fiscal que buscaba modernizar la recaudación municipal. Aunque hubo intentos previos en los años setenta, estos fracasaron por la resistencia social.
La normativa inicial se consolidó con el Decreto 122-97 y fue ajustada en 1998 mediante el Decreto 15-98, bajo la administración del presidente Álvaro Arzú, para corregir problemas de interpretación y mejorar su aceptación.
El objetivo del IUSI fue dotar a las municipalidades de una fuente estable de ingresos propios, reduciendo su dependencia de transferencias estatales. También buscaba fomentar un uso más eficiente de la tierra y promover mayor equidad fiscal, al exigir que los propietarios contribuyeran según el valor de sus inmuebles.
REFORMA NECESARIA, PERO INTELIGENTE
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- explica que sólo las municipalidades más grandes del país tienen una buena administración del IUSI, y por ende serían las más afectadas.
Adicionalmente, otro impacto tanto para alcaldías grandes y pequeñas, es que las asignaciones del Estado premian a las municipalidades que son capaces de generar ingresos propios, y sin el IUSI o parte de éste, también los ingresos por IVA-Paz y combustibles podrían verse afectados, explicó.
El analista destacó que la solución no debe ser un “todo o nada”, sino realizar un análisis exhaustivo del impacto en la rebaja en la recaudación y efectos colaterales. No descarta las exoneraciones, pero focalizadas, por ejemplo las dirigidas a los adultos mayores de 60 años.
Incluso habría que plantearse cómo se cubrirá el déficit en municipios más vulnerables. Ello atado a una mayor fiscalización, para ampliar la base tributaria y evitar la subdeclaración de inmuebles, sobre todo en las municipalidades más pequeñas donde la capacidad catastral es limitada.
“En principio la eliminación del pago es algo que las personas aplauden, pero la realidad es que gran parte del territorio nacional el IUSI no tiene una gran relevancia y las municipalidades dependen fundamentalmente de las transferencias del Estado”, agregó el analista.
Ramón Parellada, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), coincide en que la gran mayoría de municipalidades no cuentan con un catastro adecuado y los cálculos para determinarlo son complicados y subjetivos. Agrega que una reforma debería ser completa hacia la derogación pero con mecanismos que permitan al Gobierno Central suplir esos fondos que son necesarios para las municipalidades.
Por su parte, Siero reconoció que debe buscarse un punto medio que alivie la carga de los contribuyentes sin desfinanciar a las alcaldías. Entre las alternativas mencionó la reducción parcial de la tasa, apoyos específicos para primera vivienda o vivienda social, y la creación de un fondo de compensación estatal.
Además, adelantó que la ANAM trabaja en una contrapropuesta que será presentada al Congreso, la cual incluye medidas de ordenamiento territorial y licencias de construcción, advirtiendo que una reducción indiscriminada del IUSI podría incentivar desarrollos sin restricciones y poner en riesgo normas como el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Catarina Pinula, que reserva la mitad de los terrenos para áreas verdes.
VOCES DESDE LOS MUNICIPIOS
El presidente de ANAM advierte que, de aprobarse la reducción, los municipios podrían perder hasta un 20% de sus ingresos.
Puso como ejemplo a Santa Catarina Pinula, donde gracias a la recaudación del IUSI se han construido 22 plantas de tratamiento y se financian maestros y mantenimiento de escuelas municipales.
Señaló que en muchos municipios el aporte del Ministerio de Educación no es suficiente para garantizar la calidad de los servicios, por lo que los fondos propios son esenciales para sostenerlos.
Por su parte, el alcalde de Mixco, Neto Bran, en sus redes sociales advirtió que el IUSI es vital para obras locales. La unidad de prensa de la Municipalidad de Guatemala señaló que cualquier propuesta relacionada con la modificación de este impuesto debe analizarse con “responsabilidad y visión de largo plazo”.
La Municipalidad de Guatemala respondió a la consulta de La Hora: «El Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) constituye una fuente fundamental de financiamiento para el desarrollo urbano, ya que se traduce directamente en obras y servicios como calles, drenajes, alumbrado público y la dotación de agua potable.
Cualquier propuesta relacionada con la modificación de este impuesto debe analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo. Reducir estos ingresos implica un ajuste fiscal y una disminución directa en la capacidad de las municipalidades para atender las necesidades de los vecinos y sus familias.”
Por aparte, expertos en gobiernos locales que hablaron a La Hora refirieron que la iniciativa propuesta pretende modificar la tabla a una tabla única; sin embargo, no se tuvo un análisis técnico que sustente el cambio.
Agregaron que de aplicarse de esta manera, más personas se convertirían en contribuyentes, incluso los que no pagaban el impuesto; recordaron que la ley actual ya contempla exenciones para personas en situación de pobreza, las cuales podrían desaparecer con el cambio, afectando a los más vulnerables.
Reducir la tasa de 9% a 3% implicaría pagar solamente una tercera parte del IUSI y esa reducción se trasladaría a quienes tienen menos recursos.
A pesar de lo anterior reconocieron la necesidad de actualizar la ley debido a que es muy antigua. En ese sentido, coincidieron, se podría considerar ofrecer otros beneficios para adultos mayores, pensando en que en algún momento ya no tengan recursos para poder pagar el IUSI, además de exoneraciones temporales para jóvenes que adquieren su primera vivienda a través de programas sociales.
Según fuentes en las municipalidades, en 2025, por ejemplo, se destinaron muchos recursos provenientes de este impuesto a programas de prevención de la desnutrición crónica, educación local y salud. Reducir o eliminar este ingreso sin un plan de transición o compensación pondría en riesgo la continuidad de estos servicios básicos, generando tensiones sociales y posibles conflictos.
Las alcaldías también dicen estar conscientes del problema estructural de la subvaluación de propiedades, que distorsiona la recaudación y genera inequidad. Hacen un llamado para que la reforma al IUSI no se limite a un gesto político: requiere un análisis serio, un plan de compensación para las municipalidades y medidas que corrijan las distorsiones en la valoración de inmuebles, de lo contrario, el costo social y económico podría superar cualquier beneficio inmediato.
CARRERA POR LOS 107 VOTOS
Por ahora el futuro de la reforma depende de resolver la disputa legal sobre el cantidad de votos necesarios y de las negociaciones políticas que se desarrollen en las próximas semanas, en un contexto donde el debate enfrenta la necesidad de aliviar a los contribuyentes sin desfinanciar a las municipalidades.
El Congreso enfrenta una decisión que exige equilibrio: aliviar la carga de los contribuyentes sin dejar a las municipalidades sin recursos. Con una mayoría calificada de 107 votos necesaria para aprobar la reforma, el desenlace aún es incierto. Diputados reconocen que la propuesta puede mejorarse, e incluso, afirman que la iniciativa, no contó con algunos dictámenes y que incluso no contempla ningún análisis técnico presupuestario.
Julio Héctor Estrada, diputado de la bancada Cabal ante el Congreso de la República, explicó que se busca es trabajar en una propuesta sólida que no corra el riesgo de ser objeto de amparos.
Actualmente, el Congreso de la República “a iniciativa aún debe avanzar en el pleno, con la posibilidad de registrar atrasos ya que aun está pendientes las Reformas a la Ley Antilavado y la Ley de Puertos, lo cual podría retrasar las discusiones hasta después del receso ordinario de sesiones.
Por esta razón es previsible que las discusiones se extiendan hasta agosto como mínimo. Según las distintas voces, lo que está claro es que un camino moderado podría ser la única salida viable para mantener la confianza de los vecinos y la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
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