Siete años han transcurrido desde su vigencia y las sanciones bajo la Ley Magnitsky no han sido ajenas para los guatemaltecos. Aunque, recientemente se conoció que Miguel Martínez Morales, extitular del extinto Centro de Gobierno y pareja sentimental del presidente Alejandro Giammattei, ha sido sancionado, la aplicación de esta normativa enlista a varios funcionarios.
GUSTAVO ALEJOS
En esta lista figuran nombres como Gustavo Alejos, ex secretario Privado de la Presidencia del gobierno de Álvaro Colom.
En aquella ocasión la sanción fue por supuestos delitos de corrupción, así como por su presunta intervención en la elección de funcionarios judiciales, específicamente en el control y manejo de las Comisiones de Postulación que nominan candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones.
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Para ejemplificar sus lazos en estos procesos, recientemente, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, en el 2020, lo señaló de haber interferido en la elección de candidatos del proceso de postulación a las Cortes en 2019-2020, en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.
Pero eso no ha sido todo, Alejos fue acusado de recibir sobornos de un empresario, como parte de una red de corrupción que involucraba lavado de dinero y sobornos en contratos de construcción del gobierno en Guatemala.
También se le señala de comprar activos offshore en Panamá y Belice. “En un esfuerzo de ofuscar estos fondos, Gustavo también compró propiedades que luego fueron obsequiadas a funcionarios a cambio de favores políticos”, expresó en su momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC.
FELIPE ALEJOS
Otro caso es del actual diputado al Congreso de la República, Felipe Alejos, quien abrigado en el partido político TODOS del cual es uno de sus fundadores, logró su reelección para la X Legislatura que iniciará el próximo 14 de enero.
Los señalamientos contra Alejos han permitido establecer sobornos y pagos de constructoras para la obtención de contratos, al influir con cierta facilidad en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El poder que ha logrado, también le permite cierto control de la máxima Corte en el país, al extremo de apoyar, a partir de la apertura de los procesos de postulación, candidatos a la Corte de Constitucionalidad (CC), órgano mayor en materia constitucional, según la OFAC.
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JULIO ANTONIO JUÁREZ RAMÍREZ
En esta lista le sigue el exdiputado Julio Antonio Juárez Ramírez, recordado por su vinculación en la muerte de dos periodista en Mazatenango Suchitepéquez, ocurrido en el 2015. Sin embargo, fue absuelto porque la investigación del Ministerio Público (MP) no comprobó su participación.
Juárez Ramírez llegó al Congreso de la República postulado por el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), organización política fundada por Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia de la República, procesado en Estados Unidos.
LOS DIPUTADOS RODRÍGUEZ Y VARGAS
También la sanción del Departamento de Estado ha alcanzado a otros dos actuales diputados y exministro de estado del actual gobierno de Alejandro Giammattei.
El primero en aparecer fue Allan Rodríguez, militante del partido oficial de Vamos por una Guatemala Diferente, expresidente del Congreso de la República durante los períodos 2020-2021.
Rodríguez fue señalado de influir, supuestamente en el pago por votos a algunos legisladores en favor de un proyecto de ley sobre el estado de excepción.
Los señalamientos también ha tocado al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), específicamente a los diputados relacionados con la excandidata presidencial Sandra Torres. Se trata de Jorge Estuardo Vargas.
Vargas es señalado de formar parte de una red designada a controlar contratos y operaciones en puertos operados por el gobierno para su beneficio personal. En el 2021 su nombre figuró en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, más conocida como Lista Engel.
EL EXMINISTRO
Otro de los funcionarios que ha sido alcanzado por la Ley Magnitsky es el exministro de Energía y Minas, Luis Chang, señalado de supuestamente pedir sobornos y favores a cambio de no revocar licencias de explotación petróleo, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
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