A pesar de que el caso que se sigue en contra de los exfiscales anticorrupción, Stuardo Campo y Lesly Pineda, se encuentra bajo reserva total; los querellantes adhesivos expusieron ante las cámaras de la prensa los hechos que aparentemente se discuten dentro del expediente.
Las declaraciones de los querellantes adhesivos se dieron previo a la audiencia de una primera declaración, en la que se entregó un tercer implicado para enfrentar su situación jurídica. En tanto, días atrás Campo y Pineda fueron ligados a proceso por dos delitos y enviados a prisión preventiva en el centro carcelario Mariscal Zavala.
CASO ZOLIC
La carpeta judicial se resuelve en el despacho del juez Jimi Bremer y se encuentra bajo reserva total desde el pasado 1 de diciembre, fecha en que Campo y Pineda fueron detenidos. Sin embargo, no fue hasta el lunes último que el juzgador los procesó, pese a que la Constitución de la República establece como máximo 48 horas para celebrar dicha audiencia.
Campo sostiene que el proceso es una represalia por no prestarse a actividades ilícitas «fraguadas por los corruptos, que desgraciadamente han mantenido el control de diferentes instituciones del Estado». Este es el segundo caso que enfrenta el exfuncionario, en mayo fue detenido por una denuncia de la Fundación contra el Terrrorismo (FCT), señalada de perseguir a opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei.
Pese a la reserva, el pasado 20 de diciembre, los querellantes adhesivos con voz fuerte reprocharon ante las cámaras de los medios de comunicación sobre la supuesta victimización de los exfiscales y develaron que el proceso es por supuestas irregularidades realizadas en el caso de corrupción en la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla” (Zolic).
Según la investigación realizada por la Fiscalía contra la Corrupción, que dirigía Campo, el expresidente de Zolic, Christian Humberto Rodríguez Barrios, supuestamente habría creado una empresa de cartón para sustraer fondos en el tiempo que fungió en el cargo entre marzo de 2014 y noviembre de 2015. Para cometer los ilícitos se ayudó de otros implicados.
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BAJO RESERVA
El caso contra los exfiscales es promovido por personas vinculadas y condenadas al caso Zolic, quienes señalan a los agentes de la Fiscalía contra la Corrupción de presuntamente manipular el caso para obtener una sentencia condenatoria contra los sindicados.
Rodríguez Barrios pasó de ser acusado a acusador y ahora es uno de los querellantes adhesivos en el proceso contra Campo y Pineda. El expresidente de Zolic permaneció prófugo dos años y durante la etapa intermedia se cerró el proceso en su contra, cuando la fiscal Judith Villagrán estaba a cargo del expediente.
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Rodríguez Barrios refirió a la prensa: «Estos fiscales corruptos le dicen a la gente cómo tienen que hacer y qué tienen que hacer, cómo declarar y se lo van afinando a los otros. Este Campo a la señora Pineda, la Pineda al señor (…) ¿Todo esto está aquí’?, ¿verdad?», le preguntó a Manuel de León, abogado de los supuestos agraviados.
De León le respondió «sí» con voz baja y esquivando las tomas de la prensa. El profesional del derecho fue detenido y ligado a proceso, en febrero pasado, por una de las fases del caso Odebrecht, se le vincula a una supuesta estructura criminal que se dedicaba a lavar dinero, liderada por el expresidenciable Manuel Baldizón.
Rodríguez Barrios inició otra plática, esta vez con Wendy Stephany Valenzuela Molina, una de las condenadas en el caso Zolic y ahora también querellante adhesivo. Ella fue condenada por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana, a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos y cinco años de prisión por el delito de fraude, más una multa de Q. 219 mil 776.78.
De acuerdo con Valenzuela Molina, cuando se discutía el caso Zolic, Campo y Pineda le pidieron «que declarara en contra de Christian Rodríguez (expresidente de Zolic) para darle un beneficio», la conversación era conducida por el .
Según señalaron, la Fiscalía contra la Corrupción no tomó en cuenta un informe de Zolic para «lograr una sentencia condenatoria en contra de los señalados en ese caso» y Valenzuela Molina también reprochó que su esposo se encuentra «de forma injusta» aún en la cárcel por una condena en este caso.
SOBRE EL PROCESO
Por su parte el exfiscal Campo asegura que la persecución penal en su contra es política por no prestarse al denominado Pacto de Corruptos y atender a órdenes ilegales provenientes de la Fiscal General, María Consuelo Porras.
Campo fue trasladado en abril de 2021 de encabezar a la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Porras, días antes había confirmado a la prensa sobre una investigación que involucraría al exmandatario Jimmy Morales.
Se intentó comunicación con la exfiscal Lesly Pineda en esa ocasión; sin embargo, no quiso detallar información a la prensa, mas sí secundó lo que su compañero denunció ante los medios de comunicación.
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