Según su criterio, “este gravamen tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional”.
Además, asegura que la decisión de extender el gravamen “afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia”. También subraya que “el Banco Central Europeo también ya ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen”.
“La decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias”, señalan.
No obstante, las organizaciones han agregado que “el sector seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad, tal como ha ido anunciando en los últimos meses con mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias”.