Durante un encuentro con estudiantes de CUNEF Universidad, Hernández de Cos ha destacado que, en el período más reciente, los mercados laborales han seguido mostrando un comportamiento favorable, en un contexto en el que la actividad económica global se ha visto lastrada, entre otros factores, por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania desde principios de 2022 y por el endurecimiento posterior de la política monetaria, necesario para alcanzar la estabilidad de precios.
De hecho, “uno de los rasgos más destacados del comportamiento reciente de las economías avanzadas, también de la economía española, en los últimos años ha sido la resiliencia del mercado de trabajo“, ha dicho.
Por otro lado, el gobernador del Banco de España cree que un objetivo clave para las políticas laborales debe ser una mejora de protección a los desempleados “que propicie una reducción significativa del desempleo hasta converger en tasas más cercanas a las observadas en el resto de las economías avanzadas”.
“Un ingrediente fundamental para alcanzar esta mejora es hacer compatible la necesaria protección de los colectivos más vulnerables cuando se encuentran en una situación de desempleo con unos incentivos adecuados a la oferta de trabajo“, ha añadido.
De esta manera, a la luz de las mejores prácticas desplegadas en otros países, Hernández de Cos opina que resultaría deseable explorar, entre otras, las siguientes opciones.
En primer lugar, introducir cambios en la duración de las prestaciones o subsidios, posiblemente condicionados al ciclo o con sendas decrecientes en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección. En segundo lugar, permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles -con carácter temporal o permanente- con el empleo, con vistas a incentivar la reinserción laboral.
En tercer lugar, mejorar la coordinación de las diferentes políticas de rentas desplegadas por las distintas Administraciones Públicas, reforzando la integración de las políticas activas y pasivas de empleo. Y, en cuarto lugar, llevar a cabo un perfilado profesional adecuado de los desempleados y de las vacantes, y una evaluación rigurosa de los programas de formación e inserción laboral, así como adecuar los recursos destinados a estos programas a los resultados de dicha evaluación.
