Dos han sido las investigaciones del diario La Hora por las que en los últimos seis meses el Ministerio Público (MP), puso la lupa sobre anomalías. Uno de los temas es la supervisión en la construcción del Hospital de San Benito que ascendía a más de Q15 millones y el sobreprecio en la compra de dos medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La Hora también ha publicado una serie de investigaciones y reportajes que podrían comprometer al presidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez en actos de corrupción, pero la fiscal general del MP, María Consuelo Porras, ha dejado en claro que no iniciará una persecución penal en su contra o pedirá investigaciones de oficio como las antes descritas, a menos que alguien presente una denuncia.
Incluso, en conferencia de prensa, invitó a este medio de comunicación a interponer una denuncia si «tenía conocimiento de hechos delictivos» y amenazó que de lo contrario La Hora estaría incurriendo en el delito de omisión de denuncia. Extremo que fue rechazado por organizaciones a favor de la libertad de prensa.
Uno de los temas más recientes por los que se consultó al MP, es el de la designación de Jorge Mondal. Al ser consultado el ente investigador sobre la posibilidad de una investigación de oficio, respondieron de manera escueta y sin dar detalles que se tiene una «investigación».
El caso anterior hace mención del papel que Giammattei y Martínez su pareja jugaron.
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SOBRECOSTO DE MEDICAMENTOS
En octubre pasado, este Diario publicó el reportaje denominado «Adjudicaciones del IGSS encienden alarmas por precio de compra versus precio de mercado» en donde se expone cómo dicha entidad adjudicó dos licitaciones a la empresa Lanquetin S. A., por la compra de Irbesartán de la marca Aprovel y Clopidogrel de Plavix por un monto que suma Q377 millones 357 mil 289. Ese monto representaba el 19% del presupuesto de la institución para adquirir medicinas.
Además, el precio de compra contra el costo de mercado de los medicamentos encendió alarmas, ya que según la publicación, la entidad se habría ahorrado Q251 millones 44 mil 856 de haber comprado los medicamentos a precio de mercado y de esa cuenta solo hubiera gastado Q126 millones 312 mil 433, es decir menos de la mitad.
Asimismo, la empresa beneficiada tiene vinculación con Francisco Valdés Paiz, quien a su vez también ha sido señalado en trabajos de investigación de medios de comunicación de tener relación con La Botica S. A., y que se explica en la nota Gobierno de Giammattei dedicó un puente a un amigo de Miguel Martínez .
De esa cuenta, la Fiscalía Contra la Corrupción, donde labora Gilberto Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general, fue designada para investigar la supuesta sobrevaloración. A la fecha la pesquisa no presenta avances.
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SUPERVISIÓN HOSPITAL SAN BENITO
Asimismo, luego de que La Hora diera a conocer la investigación periodística “El Contratista Individual al que el CIV le adjudica supervisión por Q6.7 millones más”, la Contraloría General de Cuentas (CGC) afirmó que dieron inicio a una auditoría especial por las adjudicaciones, según una publicación de hace un año exacto.
El reportaje dio a conocer que Douglas Alexis Espinales Baños, un proveedor del Estado, estaría a cargo de la supervisión del Hospital de San Benito, Petén.
El proveedor comparado con otras supervisiones, cobra Q6.7 millones más, además durante el gobierno de Giammattei tuvo más adjudicaciones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), así como con algunas municipalidades.
El CIV adjudicó a Espinales Baños el 2 de febrero la supervisión de la construcción del Hospital de San Benito, Petén por un monto de Q15 millones 299 mil 509. Mientras que la construcción de ese centro asistencial tuvo un costo de Q264 millones y fue asignada a la entidad, Opción Técnica S.A., una empresa señalada de dar sobornos en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Por otra parte, días después de la publicación, la CPCC (hoy Comisión Nacional contra la Corrupción), que dirigía Oscar Dávila, en su momento señaló que analizaban tomar de oficio este caso en el CIV. En ese ministerio se reportaron al menos 43 alertas de posibles irregularidades, la mayoría son por compras y adquisiciones.
Luego de ser consultados en el MP explicaron que la Fiscalía contra la Corrupción analizaba el caso del Hospital de San Benito Petén, y al preguntar si esto implicaba una investigación de oficio, indicaron que esto dependía del análisis, «sin embargo, como le comentaba en el Ministerio Público fomentamos una cultura de denuncia, por lo que es importante que ante el conocimiento de la comisión de cualquier hecho delictivo se presenten las denuncias correspondientes”.
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EL OBSTÁCULO QUE NO FUE
Durante la conferencia de prensa que Porras ofreció el 7 de mayo pasado derivado de la iniciativa de ley que el presidente Bernardo Arévalo presentó para poder removerla de su cargo, la fiscal general dijo que llevará ante la justicia a quienes violen las leyes del país y que sería un «obstáculo» para quienes estén a favor de la corrupción y quieran vulnerar la democracia.
Lo anterior en referencia a lo manifestado por el mandatario, durante el mensaje que dio a la población por medio de una cadena nacional el pasado domingo 5 de mayo, en el cual señaló que la jefa del MP representaba un obstáculo para el trabajo del Organismo Ejecutivo.
Sin embargo, pese a las palabras de la funcionaria, existen en el ente investigador varias denuncias sobre corrupción del gobierno que encabezó el expresidente Giammattei y su pareja, las cuales no han sido investigadas o no muestran ningún avance.
Tanto La Hora como otros medios de comunicación han publicado una serie de artículos sobre indicios de irregularidades y malos manejos administrativos en varias unidades ejecutoras del gobierno anterior, de las cuales no han dado a conocer ningún avance sobre su investigación.
Protección de Porras a Giammattei y Martínez cada vez se vuelve más evidente
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