De hecho, por situación profesional, los autónomos (79,2%) y los desempleados (76,8%) son los que más enfatizan la presión fiscal como una barrera crítica, mientras que los empleados del sector público son algo menos contundentes (66,7%), pero lo siguen marcando mayoritariamente. Por género, tanto hombres como mujeres coinciden en señalar estos factores como prioritarios, aunque las mujeres son más proclives a incluir el coste de la energía como un tercer obstáculo (58,2% frente a 53,7% de los hombres).
Durante la presentación del informe, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha destacado que “aunque existen matices entre colectivos, los datos evidencian que sigue habiendo una percepción generalizada entre los economistas de que es imprescindible avanzar en un calendario claro de reformas estructurales y diseñar presupuestos alineados con la realidad social y económica percibida”.
En esta línea, Pich ha remarcado que “es evidente que hay señales positivas a nivel macroeconómico, en un número claro de indicadores, aun así, tenemos por delante retos sociales y económicos que hay que abordar como es el tema de la vivienda, la persistencia del déficit, la gestión de la inmigración y toda la política social en sanidad o asistencia a nuestros mayores”.
La publicación también pone de manifiesto que el 51,2% de los economistas considera que la economía nacional empeorará en los próximos seis meses, mientras que solo el 16,7% prevé una mejoría.
Por edad, los menores de 30 años son los más pesimistas, con un 88,9% que anticipa un empeoramiento. Los mayores de 60 años, en cambio, son los más optimistas, con un 18% que cree que la economía nacional mejorará. Por sectores, los empleados por cuenta ajena en el sector privado muestran la percepción más negativa: un 62% considera que la economía empeorará. En contraste, los economistas del sector público son los más optimistas, con un 24,1% que prevé mejorías.
Pich ha aprovechado la ocasión para comentar un tema que está generando u gran revuelo para el colectivo de los mutualistas y por ende, para los asesores fiscales. En concreto ha enfatizado que, “la Ley 7/2024, que introdujo a final de año una batería de medidas fiscales, a través de una disposición final, anula las solicitudes de devoluciones de mutualistas presentadas antes del 22 de diciembre de 2024, regulando un nuevo procedimiento para gestionar estas devoluciones, que deberán solicitarse anualmente a partir de 2025 mediante formularios disponibles en la Agencia Tributaria”.
El Consejo General de Economistas de España (CGEE) no comparte esta nueva situación porque discrimina entre los contribuyentes que aún no han percibido la devolución, y que han de esperar hasta el 2028 para recuperar la totalidad de las devoluciones, de aquellos otros que ya han recibido la totalidad de los importes.
También, el CGE estima desafortunado el nuevo procedimiento regulado para solicitar las devoluciones, ya que limita la posibilidad de acudir al procedimiento general de rectificación o de devolución de autoliquidaciones previstos en los artículos 120 y 221 de la Ley General Tributaria. Esta restricción podría derivar en una posible vulneración de los derechos de los contribuyentes.
Respecto a las nuevas reformas e impuestos en sectores estratégicos como banca y energía son vistas como un obstáculo para la competitividad por dos tercios de los economistas (66,7%). Este porcentaje es particularmente alto entre los trabajadores por cuenta propia (70,5%) y los empleados por cuenta ajena en el sector privado (63,3%).
Por otro lado, para los primeros meses de 2025, el 45,1% de los economistas anticipa un retroceso en la demanda interna y el consumo de los hogares. Cerca de 4 de cada 10 (38,8%) cree que se mantendrán estables, mientras que solo un 16,1% ve señales de mejora.
En este sentido, Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE, ha afirmado que “a la luz de los datos sobre expectativas de mejora en el ahorro y el empleo, parece que sería conveniente diseñar políticas más inclusivas que impulsen tanto la inversión como el consumo a nivel microeconómico, ya que, si no se aplican medidas efectivas para fomentar la empleabilidad en sectores clave o en jóvenes, será difícil revertir esta tendencia”.