Ángel Pineda las niega, pero el MP tiene dos denuncias por amenazas de muerte en contra del juez Erick García

Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP) y mano derecha de la fiscal general, aseguró en un programa radial que la institución no ha recibido ninguna denuncia del juez Erick García, quien días atrás denunció públicamente haber sido amenazado e intimidado para ordenar el reingreso a prisión del periodista Jose Rubén Zamora. Sin embargo, en los registros del MP constan dos denuncias desde octubre pasado que advierten sobre amenazas de muerte contra el togado.

García es el más reciente juez en la mira del MP, dirigido por María Consuelo Porras, y de la Fundación contra el Terrorismo, una organización que ha centrado sus esfuerzos en atacar a funcionarios del sector justicia. Desde que asumió en el Juzgado Segundo Penal A y tomó el control de los procesos contra Zamora y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha recibido amenazas de desconocidos, según consta en las denuncias.

El pasado 10 de marzo, durante una audiencia en la que acató la orden de la Sala Tercera de Apelaciones de reenviar a prisión a Zamora, el juez García rompió el silencio. Dijo que se veía en la necesidad de dejar constancia en el audio de la sesión de que tanto él como su equipo llevaban tiempo recibiendo amenazas y presiones de desconocidos con el objetivo de socavar la independencia judicial.

AMENAZAS DE MUERTE

Aunque el secretario general del MP afirmó en el medio radial Emisoras Unidas que el juez García no ha presentado denuncia tras sus declaraciones del lunes pasado, en el ente investigador hay dos denuncias asignadas a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas desde finales del año pasado. Fue la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) quien recibió las denuncias del togado y remitió las mismas a la Oficina de Atención Permanente del MP.

«Las denuncias se presentaron en la PDH por la desconfianza en el MP, a efecto de que quedara registro en ambas instituciones», dijo una fuente que pidió no ser citada por temor a represalias.

El caso contra Zamora ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años. El fundador del extinto diario elPeriódico fue detenido en julio de 2022, acusado de lavado de dinero, mientras numerosas organizaciones a nivel internacional se han pronunciado a su favor. El periodista suma un segundo proceso, en donde se le señala de presuntamente intentar obstruir la justicia al enterarse del primer caso. Esta carpeta la tiene a cargo el juez García.

La denuncia del juez García es por amenazas, coacción e intimidación recibidas bajo el uso de su toga. De acuerdo con la denuncia presentada en la PDH, a la que tuvo acceso La Hora, se lee que el haber conocido el caso de Zamora le trajo «una serie de amenazas e intimidaciones por medio de redes sociales y últimamente a través de mensajes vía WhatsApp».

García, en la denuncia, expuso un número de teléfono en concreto. «Se me amenaza a mí y al juez Mario Estuardo Hichos Bracamonte (su compañero de juzgado) de muerte por haber, según el mensaje, beneficiado al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y a los (…) magistrados del Tribunal Supremo Electoral», manifestó los hechos. 

El juez lleva el caso de los cuatro magistrados del TSE y, en enero pasado, les otorgó un beneficio al revocar la suspensión de sus cargos, una medida impuesta por la Sala Primera de Apelaciones que los apartó de sus funciones con una resolución señalada de ilegal. Los magistrados han denunciado que el proceso en su contra responde a una persecución política de la Fiscalía por no haber respaldado el intento de golpe de Estado.

ASEDIO DE LA FCT

«Al revisar mi nombre en Google me encontré una publicación de fechas anteriores, al parecer de la FCT (Fundación contra el Terrorismo) en donde indica “Erick Daniel Descansa en Paz”, por lo que denota que podría tener coincidencia con el mensaje de amenaza recibido», puso sobre la mesa en febrero pasado el juez a las autoridades. 

La FCT, dirigida por Ricardo Méndez-Ruiz, ha promovido denuncias en contra de al menos tres jueces que hoy se encuentran en el exilio. Entre ellos, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Silvia Valdés, no amparó y encaminó las solicitudes a un proceso penal. 

El pasado 14 de enero, el juez García se sumó a la lista de juzgadores contra quienes el MP de Porras ha solicitado que se les retire la inmunidad porque, a criterio del ente investigador, cometieron delitos al no obtener resoluciones acordes a los intereses que el ente persecutor ha pedido.

Esa vez, por medio de sus redes sociales, anunciaron que la Fiscalía contra Delitos Administrativos había presentado una solicitud de retiro de antejuicio en contra del juzgador, tras emitir una resolución que permitió a los magistrados del TSE volver a sus funciones. La FCT ha presentado dos denuncias contra el juzgador bajo supuestos de que beneficiará a Zamora. 

La FCT presentó una nueva denuncia en su contra un día después de que él hiciera público que era víctima de amenazas, argumentando que no había informado antes sobre estos hechos y que como funcionario tenía esa obligación, aunque sí lo hizo en sigilo. «No basta con hablar al respecto ante los medios de comunicación», publicó Méndez-Ruiz, sancionado por el gobierno de EE. UU. en la Lista Engel. 

García también preocupó por la vida e integridad de su familia. Según la denuncia presentada en la PDH, han sido objeto de mensajes de odio por parte de personas desconocidas, «lo cual ha afectado su locomoción en sus quehaceres diarios con el objeto de salvaguardar la vida». 

SIN AVANCES, APRESURA PASO EN SU CONTRA

La Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas tiene a cargo la investigación de las dos denuncias. La primera denuncia está a cargo de la fiscal Reina Marisol Oajaca Marroquín y la segunda, la más reciente, está bajo el control del fiscal Julián Sincal Ajuchán, quien también tuvo a su cargo la denuncia que presentó el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, ante amenazas del crimen organizado para ultimarlo. 

El fiscal Sincal Ajuchán desestimó la denuncia del magistrado, cerrando así la posibilidad de investigar la existencia de un vínculo entre el crimen organizado y la cuenta madre del netcenter en X, Yes, Master! Un caso similar al del juez García, quien busca determinar si existe una conexión entre la FCT y la amenaza de muerte que recibió y el acoso en redes sociales. 

Por su parte, el MP confirmó que la última denuncia presentada por el juez García ingresó a su sistema el 11 de febrero, mientras que la primera consta en los registros desde octubre del año pasado. Desde hace cinco meses, el togado ha sido blanco de intimidaciones.

En esa misma denuncia presentada ante la PDH, el juez subrayó que la Fiscalía no había avanzado en la investigación de su primera denuncia ni realizado las mínimas diligencias para identificar a los responsables de las cuentas en redes sociales desde las que se han emitido amenazas. Tampoco ha indagado, según el documento, sobre las intimidaciones que incluso recibió en el edificio de Torre de Tribunales, donde desempeña sus funciones.

El juez García tiene claro el objetivo del MP y la FCT. «Me causa el temor de que el Ministerio Público esté iniciando una persecución penal en mi contra y busque el retiro de mi derecho de antejuicio para solicitar una orden de aprehensión en mi contra», advirtió del patrón que se va encausando. 

«Los hechos denunciados concuerdan con persecución y amenazas de otros operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio y también resulta preocupante el hecho de que puedan atentar contra mi persona y familia», expuso al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, quien ha sido cuestionado por la ciudadanía por no condenar las acciones del MP. 

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