La estrategia de la compañía pasa por resolver las demandas mediante la quiebra de una filial, aunque esta es la tercera vez que lo intenta sin éxito. En este caso, el juez de quiebras Christopher López ha asegurado que la empresa no tiene la necesidad de declararse en quiebra.
“Si bien la decisión del Tribunal no es fácil, es la correcta“, ha destacado el magistrado en su resolución.
Por su parte, la compañía se ha mostrado contraria a la decisión, al entender que la propuesta representa “uno de los acuerdos más cuantiosos jamás propuestos en una quiebra colectiva por responsabilidad civil extracontractual“, y que además contaba “con el apoyo de la abrumadora mayoría de los demandantes”.
“En lugar de interponer una apelación prolongada, la compañía recurrirá al sistema de responsabilidad civil extracontractual para litigar y derrotar estas demandas infundadas relacionadas con el talco. Las declaraciones realizadas bajo juramento en el proceso de quiebra de Red River confirmaron que el litigio del talco es un agravio falso impulsado por el demandante y su abogado, basado en ciencia basura y financiado por terceros, incluyendo fondos soberanos extranjeros“, ha señalado en un comunicado.
De esta manera, ha destacado que “no tiene intención de llegar a un acuerdo ni de pagar a los abogados demandantes por estas demandas infundadas“, por lo que “revertirá aproximadamente 7.000 millones de dólares de la reserva” realizada para atender la propuesta de acuerdo.
“Desafortunadamente, el Tribunal ha permitido que un par de bufetes de abogados con motivos financieros conflictivos, que han admitido no haber recuperado ni un céntimo para sus clientes en una década de litigio, frustren el abrumador deseo de los demandantes”, asegura Erik Haas, vicepresidente mundial de Litigios de Johnson & Johnson.