El Ministerio Público (MP) confirmó que la fiscal general, María Consuelo Porras, no se ha sometido a ninguna evaluación médica que certifique su capacidad física o mental para ejercer el cargo, pese a la prolongada ausencia que mantuvo durante buena parte de 2023 y las persistentes dudas de quién realmente dirige el MP. La respuesta institucional llega luego de que La Hora consultara si existía algún dictamen médico sobre Porras, a raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se reconoce que una incapacidad comprobada podría ser causa justificada de remoción.
“La señora Fiscal General (…) ejerce plenamente sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes, contando con las capacidades necesarias para cumplir con su mandato”, respondió el MP por medio de su Oficina de Información y Prensa. Agregó que “no existe ningún dictamen médico ni razón legal que sugiera una condición de incapacidad, por lo tanto, cualquier especulación en ese sentido carece de fundamento”.
En su resolución del 20 de diciembre de 2023, la CC discutió la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que establece como única causa de remoción del fiscal general una sentencia condenatoria firme. No obstante, los magistrados establecieron que también podrían existir otras causas válidas de destitución, entre ellas la incapacidad física o mental, “siempre que se trate de cuestiones de orden material y no de interpretaciones subjetivas”.
Esta resolución surgió tras en ese mismo fallo declarar sin lugar varias acciones de inconstitucionalidad planteadas por abogados y autoridades indígenas que reclamaban que la actual redacción del artículo 14 restringe la facultad del presidente de la República para remover al jefe del MP, prerrogativa que, según la Constitución, puede ejercerse por “causa justificada, debidamente establecida”.
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EL SILENCIO Y LA AUSENCIA
Desde 2023, Porras se ha ausentado en repetidas ocasiones del escenario público. Su inactividad coincidió con momentos clave de la coyuntura nacional, como las masivas protestas ciudadanas de octubre en rechazo a las acciones del MP contra el proceso electoral, y el intento de golpe de Estado que condenó la comunidad internacional. Su ausencia fue notoria incluso en la conferencia del 8 de diciembre en la que el MP denunció, sin presentar pruebas, un supuesto fraude electoral.
Para entonces, la fiscal general y el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, libraban una batalla. Porras aceleraba acciones para impedir su investidura, mientras Arévalo recurría a los tribunales en busca de garantías para asumir el cargo.
Además, en medio de las dudas sobre su paradero, Acción Ciudadana interpuso un recurso de exhibición personal para verificar su estado. Días más tarde, el MP difundió una imagen que supuestamente mostraba a Porras participando en una reunión institucional, aunque la autenticidad de la fotografía fue ampliamente cuestionada.
La prolongada ausencia y las versiones sobre un posible quebranto de salud alimentaron especulaciones sobre una eventual incapacidad médica.
El 10 de diciembre de 2023, La Hora publicó un trabajo en el que se hacía mención a consultas de guatemaltecos y que dice lo siguiente: «ante publicaciones y mensajes que circularon en redes sociales sobre el supuesto ingreso de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, a un centro asistencial derivado de un estado de salud de gravedad, La Hora consultó con el ente investigador sobre dicho extremo y este negó la información».
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MANTIENE COMPORTAMIENTO EN 2024 Y 2025
Sin embargo, el comportamiento de Porras también se mantuvo en 2024. Una de las muestras radica en que si la Fiscal General asistía a alguna actividad, lo hacía acompañada de su figura más cercana: el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda.
En enero de 2024, La Hora publicó un trabajo titulado como: «El mundo que Consuelo Porras ve a través de Ángel Pineda y el vínculo con Giammattei«, en el que se mencionaba que el secretario general «se convirtió en la mano derecha y ojos de la encargada de la persecución penal, es la persona que coordina y dirige el despacho de Porras, sin embargo, su alcance de incidir en toma de decisiones llega hasta otras dependencias del Estado, según fuentes consultadas por La Hora».
Dicha publicación también explicaba que personas cercanas a Porras aseguraban que ella no utiliza un dispositivo móvil para entablar o atender conversaciones con sus subordinados en la Fiscalía o con otros funcionarios de Estado y que de eso se encarga su mano derecha y secretario.
«De acuerdo con diversas fuentes, Porras ve el mundo a través de Pineda, pues es la persona que le comunica temas de envergadura», destacaba esa publicación.
Las apariciones de Porras ante la prensa han sido menores. Una de las pocas actividades en las que respondió a preguntas de diferentes medios de comunicación ocurrió el 7 de mayo de 2024, sin embargo, en esa oportunidad estuvo rodeada de su círculo cercano, entre ellos Pineda.
Días después de esa conferencia, Porras se dirigió al país en un evento transmitido desde las redes sociales del ente investigador, sin embargo, lo hizo sin presencia de la prensa nuevamente y en un espacio controlado al que solo asistieron empleados de la Fiscalía.
El patrón se mantuvo y continúa hasta 2025, otro de los ejemplos radica en que cuando funcionarios de la Fiscalía, viajaron a Estados Unidos ante la toma de posesión de Trump, a Porras no se le vio explicando el viaje de Eduardo Mejía, secretario de asuntos internacionales del Ministerio Público (MP), y Erick Schaeffer, Primer Subsecretario de la institución.
Las contadas oportunidades en que la Fiscal General ha respondido a medios, por lo general, ha sido ante afines.
Sin embargo, el MP niega que exista impedimento alguno, y sostiene que ella es quien dirige el ente investigador.
En sentencia, la CC confirma que el presidente no puede remover a la Fiscal General
“La ciudadanía puede tener plena certeza de que quien dirige esta institución es la fiscal general”, afirmó la Oficina de Comunicación y Prensa, que también insistió en que el secretario general, Ángel Pineda, y el resto del equipo de asesores se limitan a labores de apoyo.
“Como en toda institución, el equipo de asesores y el Secretario General —Pineda— cumplen funciones de apoyo técnico y administrativo, sin sustituir la autoridad titular”, refirió el MP ante la relevancia que ha cobrado el círculo de confianza de Porras, en donde secretarios, fiscales y asesores salen a defenderla en ruedas de prensa.
UNA PUERTA ENTREABIERTA
El pronunciamiento de la más alta Corte del país abre la posibilidad de que otras causales, además de una sentencia penal, puedan justificar una destitución. Aun así, la Corte fue clara al advertir que estas deben responder a hechos verificables, como una imposibilidad física o mental para ejercer el cargo, y no a “razones subjetivas e indeterminadas”.
Por el momento, el Ejecutivo no ha promovido ninguna acción en esa línea. Y aunque el MP ha cerrado filas en defensa de la permanencia de Porras, el precedente fijado por la CC deja latente una vía jurídica hasta ahora inexplorada en la política institucional guatemalteca.
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