Nueve meses después de que el fiscal Rafael Curruchiche presentara una denuncia contra la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, el Ministerio Público (MP) aún no ha solicitado el retiro de su inmunidad, paso indispensable para investigarla.
La acción del fiscal se produjo tras una controvertida resolución de la jueza Cruz, quien benefició al empresario Carlos Batres Gil al dejar sin efecto el veredicto de su antecesora —la exjueza Erika Aifán— de enviarlo a juicio. La decisión de Cruz contradice una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que confirmó que Batres Gil debía comparecer a juicio.
La revelación de que la jueza había sido denunciada por Curruchiche fue una sorpresa. Fue el pasado 4 de junio, durante una rueda de prensa, cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) —sancionado por más de 40 países— admitió, en respuesta a una pregunta de La Hora, que presentó una acción contra la togada, reconocida por exonerar de la justicia a figuras como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Curruchiche mantuvo en secreto la denuncia durante nueve meses, contrario a la actitud habitual del MP, que dirige la fiscal general María Consuelo Porras, que suele anunciar con entusiasmo y publicidad las solicitudes de retiro de inmunidad contra jueces que no resuelven conforme a sus intereses, y que han denunciado públicamente amenazas anónimas y persecución política en su contra como medida de presión para que resuelvan apegado a los pedidos de la Fiscalía.
SIN AVANCES NI ANTEJUICIO
La Oficina de Información y Prensa del MP confirmó a La Hora que la Fiscalía de Delitos Administrativos está a cargo del expediente derivado de la denuncia presentada por el fiscal Curruchiche el 5 de septiembre de 2024. La acción, según detallaron, plantea la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución por parte de la jueza Cruz.
«En relación a dicho expediente, la fiscalía se encuentra realizando las diligencias esenciales e indispensables de investigación, tal y como lo preceptúa el artículo 293 del Código Procesal Penal, las cuales servirán como fundamento para realizar la solicitud de retiro de antejuicio. El expediente no cuenta con control jurisdiccional», explicaron sobre la tramitación de la investigación.
Desde septiembre de 2024, cuando La Hora reveló que la jueza Cruz había favorecido a Batres Gil al anular su envío a juicio, se consultó al MP si emprendería acciones legales contra la togada. Para entonces, Curruchiche ya había interpuesto la denuncia; sin embargo, el MP optó por guardar silencio y no informar sobre el proceso en curso.
CAMBIOS DE CRITERIOS Y ANULACIÓN
Los señalamientos contra la jueza Cruz surgieron luego de dos intentos de Batres Gil —acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y pago de sobornos en el esquema de corrupción internacional del caso Odebrecht— por evitar enfrentar un juicio, extremo que finalmente logró. El caso salpicó a altos funcionarios del desaparecido Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina y a otros actores políticos.
El primer intento por revertir el proceso ocurrió el 16 de febrero de 2024. Ese día, el abogado Juan Alberto Guevara, defensor de Carlos Batres Gil, presentó una actividad procesal defectuosa como mecanismo para impugnar el fallo que, tres años antes, había enviado a juicio a su cliente. La resolución cuestionada había sido dictada el 31 de enero de 2022 por la jueza Aifán.
La jueza Cruz, quien conoció el recurso, rechazó la impugnación y confirmó el fallo de su antecesora. En su resolución advirtió que no podía admitirse una acción planteada tres años después, y subrayó que hacerlo «violaría el principio de seguridad y certeza jurídica que el Estado está obligado a proteger», dado que la resolución ya estaba firme.
Además, la jueza fundamentó su decisión en una sentencia de la CC, que establece que la actividad procesal defectuosa solo puede interponerse dentro de los tres días posteriores a la resolución impugnada, no años después. Sin embargo, para julio de ese mismo año la togada cambió totalmente su criterio, y después de que Batres Gil planteó una nueva actividad procesal defectuosa, la jueza le dio la razón.
En este segundo intento, la defensa argumentó que se había vulnerado el derecho de defensa de Batres Gil. La jueza Cruz acogió el planteamiento y, amparándose en la Constitución Política de la República, resolvió que tanto la acusación como la decisión de enviarlo a juicio quedaban anuladas. Con ello, ignoró lo establecido en su propia resolución anterior, en la que había advertido que aceptar un recurso extemporáneo atentaba contra el principio de certeza jurídica.
CIERRA CASO
Como consecuencia de su decisión, la jueza Cruz volvió a conocer la acusación presentada por la FECI, ahora dirigida por Curruchiche, contra Batres Gil. El 25 de marzo pasado, el empresario logró su cometido: la jueza cerró el caso al considerar que los señalamientos del MP eran demasiado débiles para justificar la apertura a juicio.
La investigación de las anteriores autoridades de la FECI, señaló que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial de LIDER, Manuel Baldizón y a Batres Gil.
Esos no fueron los únicos beneficios que Batres Gil recibió de la jueza. En octubre de 2024, La Hora reveló que la togada le devolvió cuatro millones de quetzales, parte del monto que le había sido impuesto en 2021 como condición para concederle arresto domiciliario. Solo le retuvo un millón, a cambio de mantener su libertad bajo esa medida.
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