El Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, continúa sin brindar respuestas sobre los avances en la investigación contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, por la posible comisión del delito de desobediencia, al no levantar las asambleas permanentes.
El pasado 2 de julio, La Hora consultó con la Fiscalía para conocer si investiga al STEG, ya que el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala certificó lo conducente en contra del magisterio, tras no acatar la resolución que ordenaba levantar la asamblea permanente.
En dicha oportunidad, aseguró que el pasado 25 de junio recibió la denuncia del juez del Juzgado Quinto de Trabajo, la cual remitió una certificación de lo conducente contra el STEG por la posible comisión del delito de desobediencia.
También, sostuvo que el expediente fue trasladado a la Fiscalía contra Delitos Administrativos, la cual inició las diligencias correspondientes con el objetivo de recabar los elementos de convicción necesarios para determinar si se está configurando el delito de desobediencia y si no existen recursos pendientes por resolver que impidan el cumplimiento de una resolución judicial.
“La fiscalía ya ha efectuado diversos requerimientos, los cuales aún están pendientes de ser remitidos a la sede fiscal”, agregó el ente investigador.
Nuevamente, el 10 de julio, se consultó con el Departamento de Información y Prensa del MP para conocer avances en la investigación por supuesto desobedecimiento.
Sin embargo, no hubo respuesta por parte de la Fiscalía hasta el cierre de esta nota.
POSIBLE DESOBEDIENCIA
El STEG inició una serie de acciones con el fin de presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que incluyen manifestaciones, bloqueos, así como un paro de labores y un campamento frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Derivado de ello, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha presentado al menos 10 acciones de amparo ante distintos juzgados para que las actividades escolares se reactiven en donde maestros continúan sin presentarse a brindar clases.
Al menos seis acciones fueron resueltas hasta la fecha, incluyendo un amparo provisional el 3 de junio por el Juzgado Quinto de Trabajo contra el Comité Ejecutivo Nacional del STEG, así como contra dirigentes seccionales y subseccionales para deponer las medidas de hecho y rendir un informe en 24 horas, bajo apercibimiento de certificar lo conducente ante el MP.
El pasado 24 de junio, el amparo fue resuelto en definitiva por parte del Juzgado Quinto de Trabajo, por lo cual confirmó que la convocatoria a “asamblea permanente” es una figura que no es reconocida en la legislación vigente, y que vulnera el derecho constitucional de la niñez, adolescencia y juventud matriculadas en el sistema público.
Ultimátum al STEG: Juzgado ordena a magisterio de Joviel volver a clases en 48 horas
De esta cuenta, la judicatura ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del STEG notificar por escrito a todas las direcciones de escuelas públicas respecto al levantamiento de las asambleas permanentes y notificar en un término de 48 horas.
A pesar de ello, el STEG continuó con el paro laboral y el campamento, por lo que el Juzgado Quinto de Trabajo certificó lo conducente contra el Comité Ejecutivo del STEG, así como contra sus dirigentes seccionales y subseccionales y remitió el expediente al MP.
Analistas consultados por La Hora advirtieron sobre una posible complicidad entre la Fiscalía y el STEG, por lo cual señalaron que podría que no haber avances en la investigación por posible desobediencia.
DICE QUE DARÁ CUMPLIMIENTO, PERO MANTIENE MEDIDAS
El pasado 11 de julio, el Comité Ejecutivo, así como los dirigentes seccionales y subseccionales del STEG, emitieron un comunicado a los afiliados al sindicato del magisterio nacional.
El STEG se limitó a informar a los afiliados que «en debido cumplimiento» al amparo provisional del Juzgado Quinto de Trabajo del 3 de junio, se ordenó al Comité Ejecutivo, y los dirigentes seccionales y subseccionales, que deben deponer las medidas de hecho.
Dichas medidas, incluyen la convocatoria a nivel nacional y departamental a declararse en Asamblea Permanente, pero dejan a «salvo» a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, según el STEG.
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Al mismo tiempo, argumentó que el derecho individual de cada trabajador del magisterio queda a salvo de la resolución, por lo que los derechos humanos y constitucionales de libertades de asociación, libertad de acción y libertad de manifestación, a nivel particular, se mantienen íntegros e incólumes, debido a que “la ordenanza es extensiva únicamente para el Comité Ejecutivo, Dirigentes Seccionales y Subseccionales”.
Una fuente cercana a la cartera de Educación, que prefirió no ser citada, aseguró a La Hora que el STEG busca quitar la responsabilidad al Comité Ejecutivo del magisterio, así como a los dirigentes seccionales y subseccionales, y trasladarla a los docentes individualmente.
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