El Ministerio Público (MP) atraviesa una reconfiguración de última hora en su estructura interna, impulsada en la etapa final de la gestión de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta. Entre los movimientos más recientes figura el traslado de los fiscales Marco Antonio Cortéz Sis y Francisco Eliseo Quiñónez, quienes participaron en el proceso de elección de Fiscal General, quienes afirman cuestionaron la baja efectividad de la administración de Porras.
Ambos laboraban en la ciudad de Guatemala, pero Cortéz Sis fue trasladado hacia el municipio de Río Bravo, Suchitepéquez, ya que a su criterio, el MP pasó de tener hasta un 70% de efectividad hasta llegar a una reducción del 35% con la llegada de Porras.
En el caso de Quiñónez, aseguró que la Fiscal General lo trasladó hacia Huehuetenango porque señaló que la actual administración convirtió a los fiscales en “digitadores de información” al desestimar y archivar casos, a la vez que cuestionó la efectividad de los operativos del ente investigador.
Los fiscales señalaron que previo a su traslado y en medio del proceso de elección de Fiscal General, sufrieron otro tipo de acciones, incluyendo un allanamiento y amenazas por parte de agentes cercanos a la actual administración.
Consuelo Porras premió la lealtad de sus fiscales cuestionados en las jefaturas del MP
CUESTIONAN ACTUAL ADMINISTRACIÓN
Para Cortéz Sis, su traslado es parte de un castigo y una represalia que sufrió al igual que otros fiscales de carrera por su postulación como Fiscal General, ya que el movimiento carece de motivación profesional y no existen elementos que justifiquen o fundamenten el movimiento.
De acuerdo con el fiscal, el único motivo detrás de las represalias en su contra fue señalar la significativa reducción en la efectividad del trabajo profesional del MP durante la administración de Consuelo Porras, la cual calificó como un “fracaso”.
Según explicó, la efectividad del ente investigador cayó a entre un 35% y 40%, en contraste con el 65% y 70% alcanzado en administraciones anteriores. Por ello, remarcó que la ciudadanía no merece que se presenten “cifras falsificadas”, como se hace actualmente.
Cortéz Sis destacó que durante su entrevista ante la Postuladora señaló que el MP no ha cumplido con su mandato constitucional de ser la entidad encargada de la persecución penal.
Además, apuntó que se debe dar marcha atrás al plan de Gestión Integral de Casos (GIC) que implementó Porras, porque ha sido un total fracaso que se demuestra en la falta de efectividad.
Quiñónez coincidió en que no hubo un motivo razonable para su traslado hacia el departamento de Huehuetenango, puesto a que lo único que hizo fue exponer su plan de trabajo de manera respetuosa y técnica.
En la entrevista con la Postuladora, el fiscal señaló que existen fallas que deben corregirse dentro del MP. Como ejemplo, indicó que la institución no necesita ejecutar 100 allanamientos diarios para proyectar una imagen de “eficacia”, ya que, a su criterio, muchos de estos operativos terminan siendo violaciones al derecho a la vivienda sin resultados concretos en las investigaciones.
También, afirmó que no todos los municipios necesitan una fiscalía. “Y ahora que estoy por acá sigo comprobando que mucho personal debiera asignarse a donde realmente se les necesita”, sostuvo.
A criterio de Quiñónez, el detonante ocurrió cuando expuso que archivar y desestimar casos no es la función de un auxiliar fiscal, y mucho menos convertirse en un “digitador de información” para alimentar la ISO y, de esa manera, obtener una mejor evaluación de desempeño.
Quiñónez remarcó que se trató de una exposición técnica y efectiva, por lo que nunca mintió en su plan de trabajo o intentó incomodar a quienes impulsaron los procedimientos fallidos y el método de trabajo. Por lo que, remarcó que no debieron de ofenderse al respecto.
Además, sostuvo que no se puede “premiar” a un buen fiscal con traslado o remoción, ya que es un mal precedente para la institución porque todos los buenos fiscales tendrán miedo de hacer lo correcto en su trabajo por este tipo de acciones.
ALLANAMIENTO Y OTRAS ACCIONES
En medio del proceso de elección de Fiscal General, Cortéz Sis explicó que hubo un allanamiento a su vivienda ubicada en Mixco. Afirmó que cuando buscó aclarar el operativo, las autoridades indicaron que se habían equivocado y que no encontraron nada.
“Ahí empezó la sospecha. Yo ya había metido mi papelería como candidato y se dio el allanamiento en mi residencia. Es un antecedente grave pues mi residencia fue objeto de allanamiento (…) y yo no había cometido ningún delito”, indicó.
De acuerdo a Quiñónez, las acciones en su contra se dieron a pesar de la eficacia investigativa y dirección procesal, que incluyó condenas contra “Los Topacios” y la presentación de más de 250 acusaciones en 2 años y la atención de 110 debates.
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“Eran motivos para que nos tuviera buena estima. Sin embargo mis dos auxiliares fiscales perdieron evaluación al desempeño y el año siguiente para no perder su trabajo concentraron su esfuerzo en archivar y desestimar y ganaran su evaluación al desempeño y no perdieran su trabajo”, agregó.
También, previo a su traslado, Quiñónez relató que la administración de Porras envió a un joven fiscal para retirarles las llaves de la sede fiscal, quien posteriormente dejó las puertas abiertas, pese a que se le explicó el riesgo de extravío de expedientes y otros objetos resguardados en el lugar.
“Sus amenazas de procedimientos administrativos en nuestra contra eran diarios incluso en su neofitez hacía valer incluso con humillaciones y amenazas quien lo había nombrado”, indicó.
También, señaló que a partir de la comunicación abrupta sobre su traslado no ha logrado acceder a su buzón de ASTREA, sin que haya una explicación al respecto.
CANDIDATO SIN CONFIRMAR TRASLADO
La Hora también se contactó con Carlos García Alvarado, quien logró integrar la nómina de aspirantes a Fiscal General, para conocer si fue trasladado de la Fiscalía de Distrito de Petén, a lo que aseguró que escuchó del rumor, pero que hasta el momento no ha sido notificado de ello, debido a que se encuentra en un periodo de vacaciones.
OTROS TRASLADOS
Previo a dejar el cargo, la Fiscal General también nombró como Fiscal Regional IX de Petén a Noé Nehemías Rivera Vásquez, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos dentro de la Lista Engel.
Rivera Vásquez es parte del grupo de funcionarios del MP que buscó influir, sin éxito, en los procesos de elección de autoridades, ya que buscó ser magistrado de la Corte de Apelaciones e integrar el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
También, es parte de los fiscales que han crecido dentro del ente investigador durante la administración de Porras, como lo explicó La Hora en la nota “Consuelo Porras premió la lealtad de sus fiscales cuestionados en las jefaturas del MP”.
Tras las declaraciones ofrecidas por los entrevistados La Hora buscó una postura del MP de Porras, hasta ahora no se ha obtenido una respuesta, de enviarse se incluirá en este espacio.
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