Calama, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate tras la pandemia, ha acordado citar como investigado para el próximo 2 de junio a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, se explica en una nota remitida por la propia Audiencia Nacional.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Ya era conocido que Zapatero percibió algo más de 400.000 euros a lo largo de cinco años por consultorías relacionadas con el caso, y él mismo ha reconocido en diversas ocasiones que facturó y declaró como “no puede ser de otra manera”.
Sin embargo, Calama afirma que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
En el auto, que consta de 85 páginas, se explica también que la intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos“.
Además, añade el juez, los hechos descritos demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
“La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente”, afirma el auto.
Y la investigación también revela, apunta el magistrado, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados ‘ad hoc’ y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.
Esto constituye, según Calama, un “indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido”. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, “demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos”.
RESCATE DE PLUS ULTRA
Asimismo, en su escrito el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la “existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados“.
En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.
También explica Calama que la gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis.
El auto también pone de manifiesto que el contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero “no fue casual”, sino que se enmarca en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.
En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.
En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante -procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa-, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Para el juez, los hechos investigados en esta fase inicial pueden ser calificados como delito de tráfico de influencias de los artículos 428 a 430 del Código Penal. Y es que, dice, existe una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.
Pero también el auto detalla que la actividad desplegada por los investigados no se limitó a las gestiones orientadas a obtener la ayuda pública española, sino que también se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra. Esta línea presenta por sí misma, según Calama, los elementos característicos del delito en cuestión, en tanto que se compone de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.
Por último, el juez consta que el patrón de actuación referido encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.
Por tanto, afirma el magistrado, la trama objeto de investigación no solo estaría llevando a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también de otras que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el art. 301 CP, al concurrir indicios de que los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.
REGISTROS
Este martes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno; Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Sin embargo, Calama ha rechazado el registro de la vivienda del expresidente.
Y es que el juez considera que no concurren elementos que permitan afirmar que en su domicilio particular José Luis Rodríguez Zapatero pudiera conservar fuentes de prueba relevantes, por lo que el registro no puede convertirse en una actuación meramente exploratoria o prospectiva.
“La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada” por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
Como dice, la investigación dispone de vías alternativas que permiten obtener la información relevante sin necesidad de acceder al domicilio privado del investigado, como son el registro de la oficina desde la que ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno”. En su opinión, “la existencia de esta alternativa, menos intrusiva y plenamente eficaz, excluye la necesidad del registro domiciliario”.
Calama aceptó el pasado 3 de marzo la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea, después de que el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que hasta entonces investigaba los hechos, se inhibiera en favor del tribunal central.
Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción.