El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas celebrará este 12 de octubre una audiencia por el caso de las presuntas adopciones ilegales que revelaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en febrero pasado.
Según lo expuesto por personal de la ONU, alrededor de 85 niños habrían sido dados en adopción de manera irregular. En estos procesos ha sido relacionada la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta.
Lucrecia Prera, titular de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, adscrita a la Procuraduría General de la Nación (PGN), confirmó que la audiencia de oposición está programada para las 13:30 horas. El objetivo es evitar que se desestime el proceso y permitir que se individualice la denuncia.
Durante la administración de Porras, la investigación habría enfrentado obstáculos relacionados con actuaciones de la exfiscal general y sus allegadas Leonor Morales y Cinthia Monterroso. Esto habría retrasado la judicialización del caso y la continuidad de las pesquisas.
Tras conocerse el caso de las presuntas adopciones ilegales, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitaron Guatemala y se reunieron con autoridades del Organismo Ejecutivo y del Ministerio Público (MP).
Lucrecia Prera, titular de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, explicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) da seguimiento a la denuncia presentada por este caso, luego de que se conoció que se busca desestimarla.
Según Prera, el Juzgado Especializado contra la Trata de Personas deberá resolver si acepta la desestimación o si permite que la denuncia continúe. Mientras tanto, la PGN permanece a la espera de la decisión judicial.
ESPERA RECHAZO DE PETICIÓNES ANTERIORES
Prera reiteró que la PGN espera que se permita iniciar la investigación y confirmó que la institución se opone a la desestimación promovida por fiscales anteriores.
La procuradora de la Niñez y Adolescencia explicó que el Juzgado Especializado contra la Trata de Personas podría conocer el caso, pero es necesario verificar que el expediente haya sido remitido a ese órgano jurisdiccional. Una vez confirmado, corresponderá al juzgado resolver la petición planteada por la PGN.
“Lo importante es poder iniciar con las diligencias de investigación y que permitan esclarecer este caso. Como PGN, continuamos a la espera de poder fortalecer las coordinaciones con el Ministerio Público y comunicación interinstitucional para fortalecer, dentro del ámbito de competencia de cada una de las instituciones, lo que podamos brindar y que la investigación quede a cargo del Ministerio Público”, puntualizó Prera.
Por otra parte, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia ha recibido 49 mil 941 denuncias por amenazas contra niños, niñas y adolescentes. Ante estos reportes, corresponde verificar los hechos y promover las medidas de protección necesarias para resguardar a los menores de edad.
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