Las formaciones políticas no han ofrecido más detalle del “plan” con el que esperan fomentar el regreso de las firmas que abandonaron Catalunya “en los últimos años”, y entre las que se incluyen compañías de gran calado como CaixaBank, que trasladó su sede social a Valencia, o Banco Sabadell, que se desplazó a Alicante.
A ellas se unieron otras muchas compañías como Naturgy, Oryzon, Argall, Pirelli, Hotusa, Laboratotio Stada, Allianz Seguros, Electrodomésticos Cata, Invacare, Cementos Molins, Volotea, Pangaea Oncology, Servihabitat, Zurich, Pastas Gallo, Applus, Codorníu, Bimbo, eDreams, Grupo Catalana Occidente, Inmobiliaria Colonial, Abertis, Cervezas San Miguel, Naturhouse…
Sin embargo, la lista es mucho más amplia, y según los datos del Registro Mercantil, unas 7.000 empresas cambiaron su sede social desde Cataluña a otras partes del país desde el estallido del ‘procés’.
Si bien la mayoría de las empresas cambiaron su sede social poco después de aquel 1 de octubre, el proceso se mantuvo a lo largo del tiempo, y este mismo año el Círculo de Economía alertó de las consecuencias de la “fuga de empresas, sobre todo de las más grandes, a raíz del ‘procés'”.
“Lo más preocupante no solo es el impacto directo de esta salida, sino también el efecto reputacional que supone, que penaliza a Cataluña en la localización de centros de decisión empresariales”, aseguraron.
Además, en 2018 Cataluñaa perdió la primera posición que ostentaba en la clasificación del PIB nacional, un puesto que pasó a ocupar Madrid, y que mantuvo a lo largo de los ejercicios posteriores.
Por ahora, las empresas afectadas no se han pronunciado sobre un hipotético regreso a la Comunidad Autónoma, aunque algunas ya expresaron con anterioridad su negativa a este posible movimiento. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró en 2017 que el cambio de sede de la compañía “no es temporal”.
El acuerdo para la investidura de Sánchez incluye una serie de acuerdos orientados a “resolver el conflicto histórico sobre el futuro de Cataluña y procurar la gobernabilidad” durante la próxima legislatura. En este sentido, ambas partes han acordado “un mecanismo internacional para acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue”.
Así, Junts propondrá “un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el Artículo 92 de la Constitución“.
Este Artículo 92 indica, literalmente, que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos“.
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