El litigio comunicado alega que desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022 la compañía “disuadió habitualmente a los asilados y refugiados de presentar solicitudes y se negó a contratarlos o a considerarlos, debido a su estatus de ciudadanía”, lo que infringiría la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En las ofertas publicadas por SpaceX se argumentaba que bajo regulaciones federales conocidas como leyes de control de la exportación solo podrían contratar a ciudadanos de nacionalidad estadounidense o residentes permanentes legales.
El Departamento de Justicia asegura que estas leyes no implican tales restricciones. Además, argumenta, el permiso que reciben tanto los asilados como refugiados es homologable a los de ciudadanía y residencia legal de EEUU.
Bajo estas leyes, justifica el organismo, compañías como SpaceX pueden contratar a estos perfiles “para los mismos puestos que contratarían a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales”. Asimismo, una vez contratados, podrán acceder a “información y materiales controlados por exportaciones sin necesidad de aprobación gubernamental adicional”.
La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Kristen Clarke, asegura que esta “investigación encontró que SpaceX no consideró ni contrató de manera justa a los asilados y refugiados debido a su estatus de ciudadanía” disuadiéndolos de buscar ofertas de empleo de la compañía.