Los señalamientos en contra de la fiscal general María Consuelo Porras y su gestión al frente del Ministerio Público (MP), así como de las acciones que esa instancia efectuó durante y después de las elecciones generales 2023, han elevado los niveles de la máxima autoridad de esa institución, que este lunes 28 de agosto ejecutó acciones dentro de un caso penal para defender a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
Porras y Stalling fueron sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos al ser incluidas en la Lista Engel, que agrupa a personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que son señaladas como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
CASO
El MP denominó como «Persecución penal ilegal fase I» al caso que se sigue en contra de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y la exagente de esa unidad, Eva Siomara Sosa, así como Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
González se mantiene en el país como abogada defensora de varios exoperadores de justicia vinculados a procesos penales que investiga el órgano encargado de la persecución penal, quienes se desempeñaron en pesquisas anticorrupción.
El pasado jueves 24 de agosto se solicitó al juez décimo penal B, Jimi Bremer, autorización para allanar cuatro inmuebles, uno ubicado en la capital, dos en San Miguel Petapa y otro en Mixco, los cuales tienen relación con Sandoval, Sosa y González. Las acciones incluyeron solicitudes de captura en contra de ellos, y estas fueron libradas por el juzgador.
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Ese mismo día, la fiscal general solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del presidente, Alejandro Giammattei; el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos; y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Ardiano, ante la posibilidad de que ocurrieran acciones que atentaran en contra del MP.
Según el memorial, en las redes sociales, específicamente en X, antes Twitter, se convocó a la ciudadanía a manifestar afuera del edificio del órgano encargado de la persecución penal, y encerrar a los funcionarios y trabajadores.
Porras, en el documento, pidió que de ser necesario se ordenara la intervención de la fuerza pública para calmar la situación y aprehender a quienes cometieran acciones que vulneraran el orden público.
AMPARO
Un día después, el viernes 25 de agosto último, se conoció de la acción de amparo que planteó Porras. Y la manifestación se desarrolló, como se publicó en las redes sociales, con la participación de varios ciudadanos.
Tras darle trámite a la petición, se ordenó a las autoridades impugnadas remitir informes circunstanciados con respecto a los hechos que señalaba el memorial de Porras.
Este lunes 28 de agosto, se conoció la resolución de la CC, la cual denegó la solicitud de la fiscal general.
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Según la decisión del máximo tribunal en materia constitucional: «En este particular caso, analizado los informes circunstanciados, particularmente el rendido por el Director General de la Policía Nacional, esta Corte advierte que el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, por lo que, conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional».
Además, porque, según consideraron los magistrados, no se dieron los presupuestos que establece el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estos son:
a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo.
b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior.
c) Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia.
d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente.
STALLING
La magistrada Stalling fue señalada por la FECI, al mando de Sandoval, de supuestamente haber ejercido tráfico de influencia en favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrentó juicio por el caso IGSS-Pisa, y para quien buscaba una medida sustitutiva, debido a que había pasado varios meses en prisión preventiva.
Se solicitó el retiro de su derecho de antejuicio para ser investigada, lo cual fue otorgado por el Congreso de la República.
Ante eso, Stalling fue capturada usando peluca y lentes oscuros, para no ser reconocida en la calle, y portando un arma de fuego que utilizó para resistirse al arresto. Eso le causó otro proceso penal por el cual previamente se le retiró la inmunidad.
Los dos casos fueron tramitados y cerrados, con lo cual la funcionaria logró volver a su cargo y, con la extensión del período de funciones de la CSJ, se mantiene en el puesto hasta que se designe a quien la sustituya.
El caso por el que se realizaron allanamientos este lunes 28 de agosto, surgió de una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que dirige Ricardo Méndez Ruiz quien anunció que emprenderían acciones en contra del juez Carlos Ruano.
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