El 27 de marzo pasado, un incendio ocurrido en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, se cobró la vida de 40 personas y dejó a 27 con graves heridas.
El trágico suceso acaecido en el reclusorio administrado por el Instituto Nacional de Migración de México (INM) causó indignación internacional por el hecho de que los guardias de seguridad, al ver las llamas, optaron por salir del lugar y dejar con llave las celdas.
A casi nueve meses del incidente, organizaciones humanitarias, sobrevivientes y familiares de las víctimas exigen justicia al Gobierno de México y la reparación de daños, puntualmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). De los 40 fallecidos, 19 eran guatemaltecos.
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SECUELAS
El guatemalteco Rubelsy Pérez relató durante una comparecencia virtual a medios de comunicación, este lunes 18 de diciembre: “nos dejaron encerrados como si fuéramos objetos sin valor”.
Narró que durante el incendio quedó inconsciente y despertó casi un mes después, y que a su familia le llegó la información de que él había fallecido.
Esto, prosiguió, fue un golpe muy duro para su familia que le causó efectos emocionales nocivos. Por aparte, él sufrió quemaduras en el pulmón derecho y a la fecha todavía no puede dormir con tranquilidad. “¿Qué hacemos con las secuelas, con el miedo y la angustia?”, cuestionó.
Por aparte, Enrique Coy, otro guatemalteco que estaba en el centro de detención el día de la tragedia, afirmó que no cesará en su pedido de justicia porque ha sufrido “bastante”. “Queremos la reparación de los daños lo antes posible (porque) ya no tengo una vida normal, como antes”, dijo.
Familiares de las víctimas mortales, de varias nacionalidades, también participaron en la actividad, que fue organizada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización no gubernamental que da acompañamiento legal a los sobrevivientes.
Delmi Jiménez, venezolana, era la esposa de Dagoberto Santos, uno de los migrantes fallecidos. Señaló que en nueve meses no han recibido respuesta a las peticiones de justicia y reparación digna.
Asimismo, aseveró que en el tiempo que su esposo estuvo detenido no recibió un trato digno. “Fue maltratado, no tenía suficiente comida ni agua para asearse”, recordó a punto de llorar, durante la transmisión. “El presidente de México dijo que se haría justicia, esperamos que cumpla su palabra”, reclamó.
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VALDEZ: “MIGRAR NO ES UN DELITO”
Yesenia Valdez, asesora jurídica de la Fundación, denunció que el incendio dejó en los sobrevivientes y en las familias “secuelas graves”, por lo cual esperan del Gobierno de México no solo emita palabras o comunicados, sino cumpla con la reparación integral de los daños.
“No se puede permitir que más migrantes mueran en México a manos de las autoridades. No podemos permitir que las familias tengan una Navidad sin sus seres queridos”, subrayó.
Al hablar de la responsabilidad de las autoridades del INM en la tragedia, dijo que el centro de detención no contaba con extinguidores y no tenía ni siquiera una ventana para tratar de escapar del fuego.
“No eran instalaciones aptas para mantener seres humanos. Migrar no es un delito, las personas tienen derecho a desear una vida digna para ellos y sus familias, por eso pedimos que (el Gobierno) dé una respuesta seria”, aseveró.
También detalló que “las familias tienen derecho a que no se repitan estos hechos, pero también a saber qué les pasó a sus seres queridos y saber quiénes son los responsables”.
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