En poco más de un mes, la Empresa Portuaria Quetzal desembolsó más de Q6 millones para contratar servicios de videovigilancia mediante compras directas repetitivas que benefician a una sola empresa hasta julio de 2025. Pese a que la Ley de Contrataciones del Estado establece que las compras mayores a Q900 mil deben ser licitadas, la Portuaria optó por casi un centenar de compras menores y alcanzó dicha cifra millonaria.
Se trata de la empresa Data Expert Sociedad Anónima (S.A.), quien recibió hasta 30 pagos por día de Q74 mil 480 desde el pasado 2 octubre al 11 de noviembre. Así acumuló un total de 91 compras directas por servicios de videovigilancia integrado por un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), una tecnología diseñada para supervisar y grabar actividades en áreas determinadas.
Las 91 contrataciones se encuentran bajo la lupa de la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditores y por su parte, la Portuaria Quetzal justifica una licitación fallida que los obligó a recurrir a compras directas para no dejar sin videovigilancia el puerto estatal del pacífico.
INDICIOS DE FRACCIONAMIENTO
Según Guatecompras, el portal de adquisiciones del Estado, la compra directa es una modalidad en la que el Estado adquiere bienes o servicios a través de una oferta electrónica, sin necesidad de realizar licitaciones o cotizaciones.
Lo anterior es válido únicamente para compras que oscilan entre los Q10 mil y Q90 mil. A partir de Q90 mil con 1 centavo, la ley obliga a la entidad pública a realizar un evento de licitación, en donde distintas empresas compiten para ganar el concurso con base en especificaciones del producto o servicio que desean obtener.
Sin embargo, la Portuaria Quetzal no realizó dicho procedimiento que establece la ley para la contratación de un sistema de videovigilancia en sus instalaciones en Puerto Quetzal y con 91 compras directas de Q74 mil 480 otorgó Q6 millones a la empresa Data Expert S.A. en contratos.
La Ley de Contrataciones del Estado establece en su artículo 81 que “se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas”.
Además, la normativa refiere que se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria (Q900 mil con 1 centavo).
UNA LICITACIÓN FALLIDA
Cabe destacar que antes de que la Portuaria Quetzal adjudicará 91 compras directas a Data Expert S.A., el 30 de mayo abrió un evento de licitación pública, el procedimiento legal y competitivo para que los organismos públicos adquieran bienes, obras o servicios arriba de los Q900 mil.
Dos empresas presentaron sus ofertas, pero, según el acta 380-2024 de ese concurso, ninguna cumplió los requisitos. Prestadora de Servicios Portuarios Guatemaltecos S.A. y Corporación de Servicios Óptimos de Guatemala S.A. fueron las ofertantes por Q74.8 y Q55.7 millones, respectivamente.
Ahora una nueva licitación está en curso desde la Portuaria Quetzal, según el portal de Guatecompras, y al igual que el anterior concurso busca un proveedor de servicios de videovigilancia (CCTV) por cinco años en el puerto estatal.
La adquisición competitiva cerró la recepción de las ofertas el pasado 10 de diciembre y la Junta Directiva de la Portuaria Quetzal debe someter a un análisis y evaluación las propuestas para definir quién proveerá dicho servicio.
El sistema de CCTV ayuda en las portuarias a proporcionar seguridad y vigilancia, previniendo el acceso no autorizado a áreas restringidas, monitoreando el ingreso y salida de personas, vehículos y mercancías, y detectando actividades sospechosas o delictivas, como robos o contrabando.
También contribuye al cumplimiento de normativas internacionales de seguridad, como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (ISPS), una norma internacional que establece medidas de seguridad para el transporte marítimo.
Además, facilita la gestión de operaciones al supervisar en tiempo real los procesos de carga y descarga, optimizar la logística y reducir riesgos operativos.
EPQ JUSTIFICA LICITACIÓN FALLIDA
Este diario se contactó con la Portuaria Quetzal, quien en una primera comunicación telefónica respondió que las compras directas se realizaron ante la infructuosa licitación de mayo pasado y de esa cuenta optaron por asegurar la videovigilancia, pero no indicaron por qué contrataron los servicios hasta julio de 2025.
La Portuaria precisó que una nueva licitación está en curso, como se señaló antes, y será la Junta Directiva quien analice la compra millonaria para establecer cuál empresa dotará de los servicios de seguridad los próximos 60 meses.
“Ante esta situación, y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 61 literal c) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se optó por la modalidad de compra directa con oferta electrónica”, justificó la Portuaria.
La institución hace referencia del artículo que establece “la autorización de pago de sobrecostos por fluctuación de precios”.
“Esta decisión se tomó para asegurar la continuidad del servicio de video vigilancia durante el transcurso del nuevo proceso de licitación e instalación del mismo”, indicó y destacó que dicha decisión permitirá a la Portuaria “mantener un adecuado nivel de vigilancia y seguridad durante la transición entre contratos”.
CONTRALORÍA ESTÁ AL TANTO
La Hora consultó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre las 91 adquisiciones repetitivas que la Portuaria Quetzal realizó en poco más de un mes por Q6 millones a la misma empresa y si se podía calificar como un fraccionamiento, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
“Estas adquisiciones se encuentran en proceso de evaluación por los auditores de la comisión de Auditoría de Presupuesto, que se encuentran en la institución portuaria”, respondió la institución que se encarga de fiscalizar y controlar los recursos públicos del Estado de Guatemala.
Además, la Contraloría destacó que “los resultados se oficializarán al finalizar el proceso”. Dicha institución ya tenía bajo la lupa las 91 compras directas.
Por su parte, la Comisión Nacional contra la Corrupción indicó que “para prevenir este tipo de prácticas es necesario que se implementen sistemas de alertas (banderas rojas), mejorar la planificación de compras institucionales y fortalecer las capacidades de los órganos de auditoría interna de cada institución».
LA EMPRESA DE VIDEOVIGILANCIA
Según el reporte de sociedades del Registro Mercantil, la empresa Data Expert S.A., se constituyó el 17 de enero de 2011 por el abogado y notario Cesar Amílcar Pantaleón Herrera.
Dos años después de lo anterior, fue nombrado viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación que dirigió Mauricio López Bonilla, durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
La entidad está ubicada en el edificio Géminis 10 y tiene por objeto, según documentos legales, más de 20 servicios. Entre ellos, el de circuito cerrado y equipo de seguridad, construcción y ejecución de proyectos en equipos de videovigilancia y monitoreo, entre otros. La sociedad, además, tiene un capital autorizado de Q4 millones.
Data Expert S.A., ha obtenido siete contratos entre 2017 y 2019 por Q81 millones 307 mil 663. A este monto se suman Q6 millones 777 mil 680 que obtuvo este 2024 a través de 91 contratos.
El representante legal de acuerdo al reporte del Registro Mercantil es Juan José Pirir Castillo.
Según una investigación del extinto diario elPeriódico, la empresa Data Expert S.A. estaría vinculada al empresario Axel Arturo Samayoa Camacho, sancionado por la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos en 2022. Dicho reportaje asegura que entonces la entidad compartía oficina con Negocios Portuarios, S. A. (Neporsa), una de las empresas insignes de Samayoa.
La oficina de Washington señaló que “(Samayoa) propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales Empornac (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos”.
SIN RESPUESTA DE DATA EXPORT
Este medio también llamó a Juan José Pirir Castillo, representante legal de Data Export S.A., para obtener una postura de la empresa ante los indicios de fraccionamiento por más de Q6 millones adjudicados, pero indicó no poder emitir un pronunciamiento de momento.
También se le consultó por la publicación de elPeriódico que señala a Data Expert S.A. de ser una de las empresas de Samayoa Camacho. Tras preguntar el nombre del reportero de este reportaje dijo que se le consultara en una hora, pero no volvió a atender la línea telefónica.
—Permítame, Diego. Si gusta me devuelve la llamada.
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